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jueves, 28 marzo, 2024
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Tiene 28% de avance construcción de Centro Cívico de Sanciones Administrativas

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

■ Se le conocería como “Torito”, para el arresto de personas que conduzcan alcoholizadas

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■ La inversión global aprobada es de más de 6 millones de pesos y se prevé su conclusión a inicios del año 2021: Caldera Murillo

■ Actualmente se trabaja en el tema jurídico para agregar la figura de arresto administrativo a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad

■ También considera lo relacionado con el procedimiento administrativo, para que al momento de realizar detenciones, no puedan ser impugnadas

 

Luego de que la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV) informara mediante su director, Francisco Oswaldo Caldera Murillo, que el próximo año iniciará operaciones el Centro Cívico de Sanciones Administrativas, conocido como “Torito”, para la aplicación de arresto a personas que conduzcan en estado de ebriedad, es importante revisar la experiencia que tienen este tipo de centros, sobre todo partiendo del más famoso y antiguo como es el ubicado en la avenida Aquiles Serdán de la Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como el “Torito”, fue inaugurado el 28 de octubre de 1958 por el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines y el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, en un espacio que anteriormente había funcionado como rastro y por el que se le impuso el nombre de “Torito”, con capacidad para albergar a 124 personas, 72 en el área de hombres y 52 en el de mujeres.

El objetivo de dicho centro era dar cumplimiento a las disposiciones legales y de las autoridades competentes “para salvaguardar los principios procedimentales que aseguren la Administración de la Justicia”; así como otorgar el trato adecuado a los arrestados durante su estancia en este lugar.

Las principales causas de ingreso son: Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, por infringir el artículo 31 del Reglamento de tránsito metropolitano (alcoholímetro), por impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso no causa justificada y por desacato a un mandato judicial.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, debido a que los arrestados sólo permanecen un máximo de 36 horas en esta institución, no es posible aplicar un tratamiento de reinserción social, pero sí se les brinda asistencia y atención a través de las diversas áreas de medicina, trabajo social, psicología y pedagogía, con el propósito de combatir las causas que provocan los ingresos por infracción a la Ley de Cultura Cívica, el reglamento de Tránsito, por alguna corrección disciplinaria o por algún medio de apremio impuesto por la autoridad judicial, ministerio Público o Autoridad Administrativa.

Según las autoridades capitalinas, el propósito que persiguen al imponer un arresto, es el de procurar una convivencia armónica entre los habitantes de la ciudad, el cual no se logrará sólo con el arresto, sino también con la atención y orientación que se brinda a todos aquellos sancionados que presentan problemas conductuales y que son detectados por personal técnico del centro mediante entrevistas individuales.

“El Torito” vio incrementada su población desde el año 2003, cuando fue implementado el programa “Conduce sin alcohol” mejor conocido como alcoholímetro, el cual generó polémica y repudio por parte de la población, pero que, de acuerdo con encuestas de Parametría, el programa ha contribuido a reducir en 30 por ciento el índice de accidentes fatales por el consumo de alcohol, y a disminuir en 70 por ciento las muertes por conducir en estado de ebriedad.

Y si bien, el total de los capitalinos (96%) está a favor del alcoholímetro, según Parametría, en la práctica mucho arrestados han tratado de eludir el programa amparándose o sobornando a las autoridades para no cumplir con la sanción, siendo tan solo el 3 por ciento el que ha aceptado ser llevado al Torito para cumplir la condena.

Tanto el alcoholímetro como el consecuente arresto y el internamiento en el Torito, ha sido acatado por algunos juristas capitalinos ya que lo consideran un foco de abusos de autoridad y corrupción, asegurando además, que es una práctica arbitraria y anticonstitucional por obstaculizar el libre tránsito con retenes. Sin embargo, también ha sido defendida por aquellos que aseguran que una persona ebria al volante es un peligro, no sólo para el conductor, sino para quienes sufren daños colaterales.

Ante este panorama, el director de la Policía de Seguridad Vial en Zacatecas, Francisco Oswaldo Caldera Murillo, explicó que actualmente se trabaja en el tema jurídico con el fin de que se agregue la figura del arresto administrativo a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad y lo relacionado con el procedimiento administrativo, para que al momento de realizar detenciones, no puedan ser impugnadas.

“El Torito” zacatecano, el cual se dijo desde 2019 que sería construido por parte de la Industria Privada, pero que ahora se anuncia como parte de las obras del Gobierno estatal, contará además con un consultorio médico, áreas administrativas, salas de juicios orales y área de atención al público, además de un aula para asesoría, atención de Alcohólicos Anónimos y clases de seguridad vial. Asimismo, se destinarán 14 plazas, mismas que contemplan tres jueces cívicos, tres secretarios de acuerdo y ocho celadores.

La Secretaría de Obras Públicas, encargada de la obra, informó que este espacio tiene un avance físico del 28 por ciento y financiero de más de 8 por ciento. La inversión global aprobada es de más de 6 millones de pesos y se prevé su conclusión a inicios del año 2021.

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