■ Corresponderá a diputados decidir el esquema para obtener el 51% restante: Víctor Armas
■ Asevera que los estudios jurídicos y financieros que correspondían a la administración estatal ya están concluidos en su totalidad
El Gobierno del Estado gestionará en próximos días ante el Fondo Nacional de Infraestructura la cantidad de recursos necesarios para cubrir 49 por ciento del costo del Sistema de Agua Milpillas, mientras que corresponderá a los diputados locales decidir el esquema por el que se obtendrá el 51 por ciento restante del presupuesto requerido.
Éste fue el planteamiento general que hizo el titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Víctor Armas Zagoya, sobre los pasos que siguen en torno a esta obra, que es calificada como una de las más relevantes del actual quinquenio.
El funcionario compareció este miércoles ante la 62 Legislatura local, junto con los secretarios de Infraestructura y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El tema del Sistema de Agua Milpillas fue el que se abordó por parte del secretario con mayor profundidad tanto en su intervención inicial como en su espacio de respuesta a los cuestionamientos de los diputados.
Explicó que la elaboración del proyecto ejecutivo ya tiene un avance de 95 por ciento y sostuvo que falta lo referente a los modelos matemáticos necesarios para determinar el nivel de agua máximo ordinario y extraordinario, así como para establecer otros aspectos relacionados con la cortina de la presa.
Añadió que está en proceso la definición del trazo del acueducto y se están realizando pruebas de laboratorio para conocer con precisión la calidad del agua.
Por otro lado, dijo el secretario, los estudios jurídicos y financieros que correspondían al Gobierno del Estado ya están concluidos en su totalidad.
Por tanto, informó que el viernes se tendrá una reunión con el Fondo Nacional de Infraestructura a fin de gestionar la conformación de un fideicomiso en el que se obtenga, de manera multianual, el 49 por ciento del costo total del proyecto que es, tras las últimas modificaciones, de 6 mil millones de pesos.
La parte que dejó en manos de los diputados será la de la construcción del acueducto que servirá para trasladar el agua hasta la zona beneficiada con la obra, que incluye los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Calera, Fresnillo y Enrique Estrada.
Aparte del acueducto, abarca también la instalación de una planta potabilizadora, dos plantas de rebombeo y un tanque de cambio de uso de régimen, además de dos “acuaféricos” en el área conurbada de la capital y en El Mineral.
Los legisladores, insistió, deberán elegir, puesto que tienen que autorizar este paso siguiente al Gobierno estatal, entre los diferentes esquemas que se planteen que, en todos los casos según ha informado en entrevistas anteriores, consisten en la contratación de deuda. Al respecto, Armas Zagoya consideró que la forma que “menos afecta a las finanzas públicas” de Zacatecas es la Asociación Público Privada.
En esta comparecencia fue el propio funcionario el que hizo reclamos a los diputados locales al enumerar las reducciones de presupuesto que se aprobaron para SAMA en este 2017. En este sentido, planteó la necesidad de incrementar los recursos del próximo año debido a varios problemas actuales que deben enfrentarse.
Uno de ellos es el de la creación de rellenos sanitarios en más localidades. Mencionó que ahora hay 5 espacios de este tipo pero que la Ley General de Cambio Climático obliga a que, para 2018, todas las demarcaciones de más de 50 mil habitantes tengan su propio relleno.
Debido a que sería imposible hacerlo en todos los municipios, puntualizó el secretario, se está buscando que sea de manera regional, es decir, que se instalen 12 rellenos sanitarios y que se creen juntas intermunicipales de manera regionalizada.
Sobre el impuesto ecológico, que fue una de las preguntas de los diputados, refirió que se han recaudado hasta ahora más de 20 millones 790 mil pesos, siendo la emisión de contaminantes al suelo y subsuelo precisamente el componente con un mayor monto.
De todas las compañías obligadas a pagar este gravamen que operan en la entidad, mencionó únicamente cinco mineras: Peñasquito, Tayahua, Real de Ángeles, Capstone Gold y Arian Silver.
La necesidad de que haya un buen funcionamiento de las plantas tratadoras, la urgencia de que los organismos de agua potable y alcantarillado de los municipios operen adecuadamente y cumplan con su función, así como las acciones que se están haciendo y que son indispensables para recuperar la superficie de Pino Azul que se perdió con el incendio en el Cerro de los Piñones en Juchipila fueron temas también mencionados por el funcionario.
