La diputada Gabriela Basurto Ávila expresó su preocupación por el crecimiento del número de empleos informales en la entidad, sobre todo para las mujeres, debido a que los indicadores dicen que en su mayoría son las que han migrado al empleo informal.
“En cuanto a los hombres, su crecimiento se mantiene estacional, pero nosotras como mujeres tenemos menos oportunidades de trabajo formal, y nos tenemos que ir a la informalidad, eso es muy grave y, a parte, en lo que va de esta administración sólo llevan seis mil empleos formales cubiertos”, lamentó la legisladora.
Aunado a lo anterior, mencionó que la pobreza laboral está permeando en la clase trabajadora, debido a que la gente que cuenta con un empleo no tiene acceso a un salario digno, es decir, “tenemos en el estado que más de 48 por ciento de los ciudadanos que son empleados tienen salarios bajos; sí hay un tema grave en materia de empleo, y yo espero que la Secretaría de Economía haga lo propio para que se reviertan estos indicadores”.
Para lograrlo, dijo, es necesario que se generen campañas de formalización de empleos y formalización de negocios, lo cual, en años anteriores se generaba con el SAT a través de políticas de formalización de empleos, es decir, se brindaba estímulos e incentivos a negocios que operaban en la informalidad.
Además de lo anterior, Basurto Ávila recordó que más de 30 por ciento de la población zacatecana es joven, la cual no tiene acceso a posibilidades laborales dignas, sino por el contrario son víctimas de reclutamiento forzado por organizaciones criminales, además de la migración cada vez más frecuente.
En este sentido, lamentó que Guadalupe sea uno de los municipios en el estado que representa mayor riesgo para la población joven de Zacatecas ante la inseguridad luego de los recientes homicidios que han cobrado la vida de personas jóvenes quienes deberían de estar realizando otro tipo de actividades.
Finalmente, dijo que “necesitamos políticas transversales para nuestros jóvenes, lo que hace el Instituto de la Juventud no es suficiente, Sedesol tiene guardado el recurso y solo lo utiliza para sus programas convenidos con la federación y no hay políticas públicas de prevención para los jóvenes.
