Como «el mayor monumento a la corrupción, colusión e impunidad», denominó el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, al Centro Cultural Centenario, que costó 404 millones de pesos y fue inaugurado por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes al final de su sexenio.
En un recorrido con medios de comunicación, González Romo señaló las graves irregularidades en la construcción de la obra y detalló que los entes fiscalizadores incurrieron en una clara simulación. Al haber evitado investigar los aspectos de fondo en el pasado, los actos de corrupción han prescrito.
La obra, inaugurada en 2016, presenta graves deficiencias, entre ellas una estructura incapaz de soportar el peso adecuado debido a errores de diseño y cálculo de cargas, soldaduras de mala calidad o inexistentes, y tornillería sin el torque necesario que resulta “meramente decorativa”.
Estas fallas comprometen la estabilidad del edificio y harían conducente su demolición, con un costo estimado de 50 millones de pesos.
Además, un informe reveló que los elevadores -cuyo costo se había cubierto- nunca fueron instalados ni localizados, y el entortado del techo, por el que se pagaron 9 millones de pesos, jamás se realizó.
A pesar de que Miguel Alonso no podrá ser responsabilizado de estos actos de corrupción, el actual diputado tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía Anticorrupción de Zacatecas, de la que, en más de una década, no se han dado a conocer avances o informes públicos, recordó el secretario de la Función Pública.
El exgobernador Alejandro Tello también participó en el encubrimiento de los actos de corrupción relacionados con la obra, pues su instrucción directa fue no proceder contra las irregularidades, afirmó González Romo.
Un dictamen técnico que documentaba los problemas estructurales y deficiencias de la construcción, fue «sepultado» en los archivos por la administración de Tello, detalló.
Aun cuando se iniciaron seis procedimientos administrativos contra siete funcionarios y una empresa, no se llevaron a cabo procesos penales, indicó González Romo.
Las sanciones fueron mínimas y recayeron en Jorge Luis García Murillo, quien era supervisor de obra y fue suspendido por 25 días, y en Pascual Román Quintanar, quien era subsecretario de obra y recibió una simple amonestación privada.
Por otra parte, los contratos relacionados con la construcción de la obra fueron firmados por los exsecretarios de infraestructura Mario Rodríguez Márquez y Francisco Ibargüengoitia, mientras que los entonces secretarios de finanzas, Fernando Soto y Guillermo Huízar, se negaron a signar los documentos, lo que no impidió que se tramitaran los pagos. Esto refleja una irregularidad administrativa importante, ya que los pagos se autorizaron y ejecutaron sin cumplir con los controles requeridos
Amasa, la empresa constructora, devolvió únicamente 54 mil pesos, menos del 0.1 por ciento del costo total de la obra.
Existe un procedimiento abierto contra una funcionaria encargada de la administración de recursos, a quien se le solicita la devolución de 90 millones de pesos. Sin embargo, la sanción es poco probable que prospere debido a los múltiples vicios en el proceso de fiscalización.
El Centro Cultural Centenario, tuvo un costo inicial de 404 millones 326 mil pesos, fue financiada principalmente con recursos del Ramo 23, conocido como el «Fondo Moche», y hoy en día, su costo ascendería a mil 200 millones de pesos.
González Romo subrayó que dar a conocer estos hechos ayuda a generar conciencia y prevenir futuros actos de corrupción, obligando a las autoridades y a la sociedad a reflexionar sobre los mecanismos de control y fiscalización que fallaron.
Las “glorietas de la muerte”, el velódromo, y obras consideradas “elefantes blancos” como los juzgados construidos con una inversión millonaria, además de la presentación de algunas denuncias penales, son otras de las acciones para transparentar las consecuencias de los actos de corrupción en el estado, adelanto el secretario de la Función Pública.
Afirmó que la parte donde se alberga el Bachillerato Militarizado es segura porque fue construida de forma independiente dentro del Centro Cultural Centenario, con su propia estructura y elementos de soporte, lo que la hace utilizable y segura, a diferencia del área del Auditorio, que presenta graves fallas estructurales.
