- Integrantes de banda delictiva no superaban los 30 años de edad: Murillo
- PGJEZ usa equipos de inteligencia; “no es que hagamos espionaje”: autoridades
- Crean unidad de atención a defensores de derechos humanos y periodistas
- Aceptan recomendación de la CDHEZ hacia la Procuraduría por abusos en Salaverna
Desde septiembre de 2016 a la fecha han sido detenidas unas 186 personas por delitos vinculados a la delincuencia organizada, informó el procurador general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco.
En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer las últimas aprehensiones y también las sentencias que se han logrado como es el caso de las obtenidas en contra de 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres, el pasado 3 de junio.
Estos detenidos, precisó, conformaban una banda delictiva dedicada al secuestro en la entidad y fueron condenados por los hechos del 2 de mayo de 2015 en contra de tres hombres en el municipio de Guadalupe.
Murillo Ruiseco hizo hincapié en las penas que se les impusieron y, al respecto, sostuvo que para los hombres fueron de 112 años y 6 meses de prisión, mientras que en el caso de las 4 mujeres la sentencia condenatoria fue de 100 años. En total, concluyó, toda la banda suma mil 75 años de cárcel.
Ninguno de los detenidos supera los 30 años y la más joven, que es una de las féminas, tiene 19 años de edad.
Por otra parte, el funcionario señaló que el pasado viernes 16 de junio fue aprehendida en la capital del estado una persona identificada como Óscar “N”, alias El Tumbado, por el homicidio de un hombre en el mes de mayo, perpetrado frente al bar Satélite y el restaurante El Burguerito en el centro de Guadalupe.
Asimismo, dijo que ha sido detenido el hombre que este domingo asesinó a su hijastro e hirió a su esposa con un arma blanca en la colonia CNOP de la capital del estado. La mujer, precisó, todavía se encuentra en observación en el hospital debido a que las heridas que tiene son de gravedad.
Crean unidad de atención a periodistas
En la conferencia de este lunes, el procurador también anunció la creación de una Unidad Especializada en Atención a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas al interior de la PGJEZ.
Este paso, expuso, se da por el compromiso asumido por parte del gobernador Alejandro Tello Cristerna para dar protección a los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad.
De igual forma, el funcionario expuso que en el Centro de Justicia para Mujeres de Zacatecas se ha puesto en marcha una segunda Unidad Especializada en Feminicidios, que estará encabezada por la agente del Ministerio Público Sandra Juárez López.
Precisamente en torno a este delito informó que en días pasados se identificó, con la colaboración de las autoridades del estado de Coahuila, a Irving “N”, quien se suicidó en el municipio de Torreón.
Este hombre, apuntó, se encontraba prófugo de la justicia zacatecana, ya que se le vincula al asesinato de su pareja sentimental, Ana Rubí, de 20 años de edad, el pasado 23 de abril en Guadalupe.
Acepta recomendación sobre Salaverna
En otro tema, el procurador aseguró que la dependencia que encabeza acepta la recomendación número 746/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) acerca de la actuación de esta dependencia en el operativo que se llevó a cabo el 23 de diciembre del año pasado en la comunidad de Salaverna.
En este sentido, recordó que estos hechos consistieron en una intervención de desalojo y demolición de una vivienda, la escuela y la iglesia de esta localidad, ubicada en el municipio de Mazapil.
En los señalamientos de la CDHEZ, puntualizó, se denuncia la “actuación arbitraria” por parte de todas las autoridades que participaron, por lo que Murillo Ruiseco recalcó que en su caso estaría aceptando únicamente lo que se refiere a la procuraduría por ser el ámbito de su competencia.
“En el caso de la Procuraduría se refería al oficio que recibió el titular de la dependencia para acompañar a distintas autoridades en materia de protección civil para proceder al desalojo en cumplimiento de una determinación administrativa derivada de los riesgos que representa esa zona y que todavía está habitada”, explicó.
