Tras las movilizaciones, bloqueos carreteros y tomas de oficinas públicas registradas los días 17, 18 y 19 de marzo en la capital del estado y diversos municipios, al menos tres denuncias penales han sido presentadas por entidades afectadas, según documentos en poder de La Jornada.
En el primer caso, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a través de su representante legal Óscar Dávila Jara, interpuso una denuncia por el delito de despojo ante una agencia del Ministerio Público Federal con sede en San Luis Potosí. Aunque los hechos denunciados se refieren a la toma de un centro de acopio en la bodega “Los Hernández” en diciembre de 2020 —donde se cambió la cerradura e impidió el acceso al inmueble, afectando el programa de Precios de Garantía y la resguardo de productos—, el documento se incorporó como antecedente en el contexto de los conflictos recientes. En la querella se menciona la posible participación de algunos involucrados en las protestas actuales.
Por otra parte, el apoderado jurídico de la empresa Grupo Profrezac, S.A. de C.V., presentó denuncia contra quien o quienes resulten responsables por delitos contra el comercio y la industria, derivados de la toma de casetas de peaje los días 17 y 18 de marzo de 2026. El recurso se fundamenta en el artículo 420 Quáter, fracción V, del Código Penal Federal, y en disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al argumentar afectaciones directas a la actividad económica y al libre tránsito de mercancías.
Una tercera denuncia se presentó por la toma de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Zacatecas, ocurrida el 18 de marzo. De acuerdo con la documentación, la ocupación del inmueble interrumpió las actividades administrativas, lo que motivó la acción legal para determinar responsabilidades.
En las líneas de investigación contenidas en los expedientes consultados se menciona a Isaías “N”., Abraham “N”. y Rubén “N”. como presuntos participantes o vinculados a la organización de las movilizaciones. Estos mismos nombres fueron señalados públicamente por Omar Carrera, subsecretario de Atención Ciudadana de Gobernación, quien los acusó de manipular a productores y de actuar como “coyotes” que se aprovechan de los campesinos al cobrar por el acopio de frijol.
Las tres denuncias coinciden en apuntar a posibles delitos relacionados con la obstrucción de actividades económicas, el despojo de inmuebles y la afectación a instituciones públicas, en medio de una creciente tensión social en la entidad por las irregularidades denunciadas en el programa de acopio de frijol —administrado por Segalmex y ahora por Alimentación para el Bienestar—, como rechazos arbitrarios de cosechas, lentitud en los procesos y presunta colusión con intermediarios.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre el avance de estas denuncias, mientras las indagatorias prosiguen.
