El Senado y la Cámara de Diputados no han acatado una veintena de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras instancias del Poder Judicial para que tramiten o aprueben diversas disposiciones. Entre las leyes y tratados internacionales que el Congreso no aprobó, pese a los mandatos para que lo hiciera, se encuentran el marco jurídico para regular el uso, siembra, cosecha y comercialización de la mariguana; la nueva Ley General de Aguas; la regulación de la objeción de conciencia en materia sanitaria; modificaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como cambios en materia de error judicial, justicia cotidiana y de comunicación social (https://bit.ly/3YZO3wf).
Esta inercia legislativa genera preocupación, ante todo por los pendientes relativos al cannabis, el agua y la objeción de conciencia, todos temas medulares para la vigencia de los derechos humanos. Los sucesivos fallos de la SCJN que han despenalizado y obligado a regular el universo de la mariguana se cuentan entre las decisiones más saludables y sensatas del Poder Judicial, pues han abierto la posibilidad de terminar con las zonas grises que colocan a los consumidores en un terreno indistinguible de la delincuencia; son un triunfo de la libertad y la autonomía sobre concepciones moralinas que por décadas impidieron cualquier tratamiento lógico e inteligente de la problemática del abuso de ésta y otras sustancias, y representan una oportunidad para sacar definitivamente las adicciones de la esfera de la seguridad pública y ubicarlas en la de la salud, donde siempre debieron estar.
En cuanto al agua, en este espacio se ha insistido en que un factor determinante en las recurrentes crisis de falta del líquido es el abuso de los recursos hídricos fomentado por la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde a los intereses privados y que convierte el agua en un objeto de lucro sin tomar en cuenta las necesidades humanas. La ley salinista ha beneficiado a un puñado de individuos y corporaciones con esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad, con precios tan irrisorios que las industrias derrochan agua potable en procesos que podrían –y deberían– llevarse a cabo con aguas tratadas o reutilizadas; todo ello mientras las comunidades carecen del líquido hasta para sus más elementales necesidades.
Que esta norma tan lesiva para el interés común y tan inadecuada en el contexto actual de emergencia climática continúe rigiendo el acceso y usufructo del líquido resulta incluso más exasperante dado que desde agosto de 2021 el Congreso cuenta con un proyecto de nueva Ley General de Aguas consensuado por integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, la comisión de Morena sobre Medio Ambiente, la fracción del PT en la Cámara de Diputados y la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
Por último, la objeción de conciencia en el contexto de los servicios de salud debe ser rigurosamente regulada para impedir que la ética se convierta en un parapeto de posturas retrógradas o en un simple subterfugio para denegar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos en materia sexual y reproductiva. De otro modo, las garantías legales ganadas por las mujeres serán reducidas a letra muerta por profesionales sanitarios con más prejuicios que valores.
Cabe exhortar a los legisladores a que redoblen esfuerzos para tramitar sus grandes pendientes, máxime cuando se trata de asuntos de tan obvia trascendencia para el conjunto de la sociedad y para concretar las transformaciones que vive el país. Retrasar el debate y aprobación de estas leyes no sólo coarta derechos fundamentales, sino que envía a los ciudadanos un pésimo mensaje sobre las prioridades de sus representantes.
