El derrame de jales de Minera Sabinas, en Sombrerete, vuelve a colocar en el centro del debate los costos ambientales de la actividad minera y la responsabilidad de las empresas que explotan los recursos naturales del país. No se trata de cuestionar la importancia económica de la minería, sino de exigir que su operación sea lo menos agresiva con el agua, los ecosistemas y las comunidades.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que los residuos de la mina, perteneciente a Industrias Peñoles, recorrieron 13.58 kilómetros de un arroyo intermitente hasta alcanzar el río Súchil. La dependencia impuso la clausura temporal parcial del depósito de jales y ordenó contener los residuos, recubrir la presa, limpiar las instalaciones y el cauce afectado, además de realizar estudios para determinar el alcance de la contaminación. Se reportaron daños a la vegetación y la fauna.
El caso recuerda uno de los mayores desastres ambientales de la minería mexicana: el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, ocurrido en agosto de 2014. Los residuos llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora, con una zona potencialmente afectada de 271.6 kilómetros de cauces.
Zacatecas tampoco es ajeno a las tensiones entre minería y protección ambiental. La extracción de metales constituye una actividad relevante para su economía, pero los riesgos asociados con los depósitos de jales, el consumo de agua y la disposición de residuos obligan a una vigilancia permanente. El derrame de Sombrerete demuestra que las consecuencias pueden extenderse más allá de las instalaciones industriales y alcanzar cuerpos de agua de los que dependen los ecosistemas y las poblaciones.
Atribuir el incidente a las lluvias no resuelve el problema. La Red Mexicana de Afectados por la Minería ha exigido investigar las causas técnicas, transparentar los resultados de los muestreos y determinar responsabilidades.
La minería responsable no puede limitarse al cumplimiento formal de permisos ni a reaccionar después de una contingencia. Requiere instalaciones seguras, mantenimiento preventivo, monitoreo independiente, información pública y reparación integral de los daños.
Profepa y Conagua deben esclarecer lo ocurrido, publicar los resultados de los análisis y verificar que la limpieza no se reduzca a retirar lodos visibles. El agua y la salud ambiental no pueden quedar subordinadas a la rentabilidad. La riqueza extraída del subsuelo de por sí se reparte de manera injusta para la pueblo, con estos casos, pierde aún más legitimidad cuando sus costos se trasladan a las comunidades y a las generaciones futuras.
