En medio de la crisis financiera que enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó la creación de una institución de carácter mixto, con participación de la iniciativa privada, como alternativa para la venta de seguros, el otorgamiento de créditos hipotecarios y la ejecución de obra pública, al tiempo que responsabilizó al gobierno estatal de la insolvencia del organismo.
En conferencia de prensa, José Marco Antonio Olvera Acevedo, secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, sostuvo que la situación del Issstezac evidencia que el gobierno “es un mal administrador” y lo acusó de prácticas recurrentes de opacidad y corrupción. Cuestionó el monto de los recursos públicos que el estado destina al pago de seguros contratados con particulares, al insinuar posibles vínculos entre dichas empresas y el financiamiento de campañas políticas.
“¿Tienen idea de cuánto paga el gobierno del estado por concepto de seguros? Se los paga a un particular, y ese particular es muy generoso en las campañas”, afirmó.
Olvera Acevedo subrayó que la responsabilidad del quebranto recae directamente en el gobierno estatal y recordó que fue testigo del surgimiento del Issstezac durante el sexenio de Genaro Borrego Estrada, cuando el instituto fue concebido como un sistema financieramente viable, siempre y cuando se administraran de manera adecuada sus pasivos actuariales y las aportaciones. Añadió que fue durante la administración del exgobernador Arturo Romo cuando comenzó el deterioro financiero del organismo.
Por otra parte, el dirigente priísta Carlos Peña Badillo se refirió al caso de una trabajadora que aparece simultáneamente en la nómina del Poder Legislativo y del Ayuntamiento de Villa de Cos, municipio gobernado por el PRI. Aseguró que la empleada “ha adquirido derechos laborales” que le permiten desempeñar funciones con horarios y tareas específicas en ambas instancias, y señaló que cualquier irregularidad deberá ser atendida por los órganos internos de control correspondientes.
En relación con la reforma electoral anunciada por el gobierno federal, cuyos alcances aún no se conocen, Olvera Acevedo y Peña Badillo la calificaron como un intento de concentración del poder político-electoral por parte del partido en el gobierno. Advirtieron que Morena busca debilitar a la oposición y ejercer un control absoluto del sistema político.
Asimismo, cuestionaron la viabilidad de eliminar el financiamiento público a los partidos en periodos no electorales, al señalar que la democracia tiene costos y preguntar qué ocurriría con el personal que labora de manera permanente en los comités partidistas.
