Partiré de una constatación, que requiere una reflexión más profunda: la situación de los derechos humanos en México es grave, no es necesario repetir las cifras, para evidenciarlo, las conocemos, crímenes, desapariciones, poblaciones desplazadas, etc., efectos cuyas causas generativas son una violencia estructural. En buena medida, resultado del arreglo institucionalizado por la “guerra al narcotráfico”. Una estrategia fallida, evidenciada por la impunidad, las brechas entre “cifras negras”, denuncias, sentencias ejecutadas, para la gran mayoría de los delitos, incluyendo violaciones, cuya sistematicidad, frecuencia y distribución, conforma patrones estructurales de violaciones graves a los derechos humanos derivados de esa “guerra. Existen estrategias alternativas más efectivas a ese modelo de seguridad. Los derechos humanos, son parte esencial de esas alternativas, vinculándolos a una perspectiva comprometida con la democracia real ¡ya!
Junto a este conjunto de graves violaciones a los derechos humanos, y con vasos comunicantes profundos entre ambos, se encuentran otros patrones estructurales de vulneración de los derechos humanos, relacionados con las desigualdades sociales y la exclusión social, producto de 30 años de políticas neoliberales. El desmantelamiento progresivo de las políticas vinculadas al Estado de bienestar, y la creciente precarización e informalización de amplios sectores de la población, la pobreza y marginación, implican patrones estructurales de vulneración de los derechos humanos, donde se incluyen tanto los derechos civiles y políticos, como, los derechos económicos, sociales y culturales.
Este panorama, es necesario tenerlo presente, para abordar el tema de la convocatoria a un Foro para el diagnóstico y programa estatal de derechos humanos. Brevemente puntearé tres ámbitos.
El primero, es el de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, y los sistemas de protección internacional, y la situación nacional (“bloque de constitucionalidad”, con la reforma del 2011, al art. 1 constitucional, etc). Entre estos dos planos se mantiene una relación donde se generan tensiones y conflictos de diversa índole. México es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Pero necesitamos contextualizar la situación del SIDH, -recientemente ha pasado por una crisis y una revisión profunda-, frente a los desafíos aún abiertos. De ahí que sea necesario fortalecer/relegitimar la CIDH, y frenar las amenazas presentes que pueden menoscabar sus competencias. Es importante, elucidar, entonces, no sólo la arquitectura institucional de los derechos humanos en América Latina, sino la modificación de sus contenidos y funciones, a la luz de los cambios sociales, históricos y políticos, tanto del rol tanto de los Estados, así como de los organismos internacionales de los derechos humanos. Lo que plantea la problemática universalización de los DH, en un horizonte de crisis global multidimensional. Un problema no menor, es el creciente desdoblamiento del derecho internacional de los derechos humanos, entre una agenda neoliberal, y aquella que nos importa, comprometida con la democratización profunda.
Un segundo ámbito, es el de las políticas públicas por parte de los Estados, se abre una brecha que debemos hacer “camino real”, cuando el gobierno mexicano acepta -bajo presión- que sean revisadas: ¿atienden con mayor o menor eficacia las exigencias del enfoque de derechos humanos, o bien, actúan provocando violaciones sistemáticas a los estándares internacionales de los derechos humanos? Aquí lo fundamental es no pensar que se trata únicamente de poner limitaciones al abuso de poder, también y principalmente, se trata de asumir, como escribe Víctor Abramovich, “un programa para desarrollar políticas concretas que apunten a los problemas estructurales desde los cuales emanan esas violaciones”.
Y el tercero, es el rol de actores de la sociedad civil para participar en el monitoreo -contraloría social-, de las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, que recupera toda la potencia transformadora de los DH. Se trata de nuevas prácticas, que implican un replanteamiento de enfoques, estrategias, acciones herramientas, que requieren impulsar importantes procesos de (auto)formación.
Pero también, es fundamental, evitar la perspectiva exclusivamente estadocéntrica. Ligar los derechos humanos a una “política ciudadana”, orientada por la emancipación de los sujetos, y vinculada a la construcción de hombres y mujeres autónomos, que piensan y obran por sí mismos, capaces de construir espacios de participación, y de enraizar territorialmente prácticas democráticas cotidianas, e interfaces capaces de incidencia político-ciudadana efectiva en las políticas públicas.
Para cerrar; necesitamos poner en juego una estrategia, que apoyándose en el derecho internacional de los derechos humanos, empuje la situación jurídica nacional (y en Zacatecas), “desde abajo” y abriendo brechas en el verticalismo, impulsando “rupturas democráticas” y procesos constituyentes. Replanteando el rol que ha jugado y puede seguir jugando la CIDH, en alianza con los movimientos. Pero el cambio social depende –en lo esencial- de lo que nosotros mismos podamos hacer, rearticulando alianzas en las diversas escalas (-multinivel, y multi-temporalmente).
No podemos aceptar un diagnóstico y programa estatal de derechos humanos sin una participación auténtica de la sociedad civil. ■
https://www.facebook.com/coordinadorazacatecana.caravananacional
