■ Aún se elabora el padrón de beneficiarios de los apoyos sociales que entrega Godezac, dice
Durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, José María González Nava, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno y ante una de las preguntas del diputado petista, José Luis Figueroa Rangel, sobre el padrón de beneficiarios de los apoyos sociales de Gobierno estatal, el funcionario aseguró que “estamos trabajando y será, como usted lo dice, de manera oportuna en ese padrón de beneficiarios”.
A tres años de haber iniciado la presente administración gubernamental, hasta la fecha todavía se está realizando el listado de todos los zacatecanos que reciben las diferentes ayudas del gobierno.
El funcionario agregó que se planea también, ahora que hay una mayor apertura federal, cruzar estos datos con los de las delegaciones a fin de no duplicar las acciones y poder abarcar a más personas.
En el mismo sentido del legislador Figueroa Rangel, quien solicitó que se le proporcionara este padrón una vez se haya concluido, varios integrantes de esta 61 Legislatura cuestionaron la transparencia con la que se ha conducido la dependencia en la entrega de las diferentes ayudas gubernamentales.
Por ejemplo, uno de los ámbitos que más solicitudes de transparencia recibió fue el del Programa 3×1 que se lleva a cabo en conjunto con los migrantes zacatecanos.
En este punto, el diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, del Partido Verde, insistió en la necesidad de vigilar “con lupa” la aplicación de estos recursos mixtos, dado que ha habido ya solicitudes de federaciones y clubes de paisanos en Estados Unidos que han expresado su preocupación debido a que, según denunciaron, hay ocasiones en las que los alcaldes consiguen sus firmas para realizar una obra, pero después esta nunca se ejecuta.
La diputada del Partido Acción Nacional, María Guadalupe Medina, hizo también un recuento de este programa sobre la inversión que se ha realizado en él en los últimos cuatro años, y en el cual se evidenció una disminución considerable de presupuesto.
Expuso que en 2010 se destinaron a este tipo de proyectos más de 203 millones de pesos en 365 acciones, en 2011 se invirtieron 256 millones en 429 obras, en 2012 fueron más de 229 millones de pesos para 302 trabajos y en este año sólo se han destinado, por el momento, 92 millones de pesos en 86 obras; “todo parece indicar que el Programa 3×1 ha dejado de ser prioridad para el actual gobierno”, concluyó.
No obstante, el secretario aclaró que este programa sigue como el más importante y puntualizó que se tienen comprometidas 196 obras para este ejercicio, con una inversión conjunta de 171 millones de pesos.
Comentó que la adjudicación de estos trabajos está a cargo de los presidentes municipales y precisó que se ha hecho el exhorto a las federaciones de migrantes para que, bajo ninguna circunstancia, otorguen avales a los alcaldes a fin de abonar a una mayor transparencia.
El funcionario agregó que se revisa cada uno de los proyectos en todos los municipios y explicó que este análisis se discutirá después en el Comité de Validación de Apoyo a los Migrantes (Covam) y, posteriormente, se enviará a la Sedesol federal.
Otro cuestionamiento que se realizó en relación al Programa 3×1 por parte de la diputada María Guadalupe Medina, fue el de las razones que existen para que en el Tercer Informe de Gobierno se exponga que un total de 85 obras presenten un avance físico y financiero del cero por ciento.
En cuanto a este planteamiento, González Nava explicó que, a pesar de que todos los proyectos están aprobados, deberían tener sus expedientes elaborados correctamente. Sin embargo, añadió que se cumplirá en tiempo y forma la aplicación de los recursos y la ejecución de las obras, antes de cerrar el año.
No obstante, el tema que más se refirió por parte de los diputados fue el del presunto uso de estos programas de apoyo social con fines políticos.
En este rubro, la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano, recordó que “usted (secretario) tiene un proceso abierto en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), donde las pruebas demuestran con claridad que actuó como un mapache electoral”.
La legisladora aseguró también que los proyectos sociales de este gobierno han fracasado y definió el conjunto de estas acciones como una “política de sepulcros blanqueados, donde por fuera todo se maquilla pero por dentro todo se descompone”.
En este sentido, agregó que más de 174 mil zacatecanos no tienen agua potable, “mientras esta administración derrocha millones en publicidad” y más de 153 mil habitantes de la entidad no cuentan con alcantarillado, “mientras esta administración vive en la opulencia”.
La legisladora panista, María Guadalupe Medina, insistió en afirmar que los programas sociales en Zacatecas “han sido prostituidos por algunos malos funcionarios que, ávidos de intereses ajenos o por consigna de jefes políticos sin escrúpulos, han condicionado la ayuda y el beneficio (…) por su sufragio o la adhesión a proyectos personales”.
No obstante, el secretario no hizo mención alguna a estos cuestionamientos, ni siquiera al de la diputada priísta Araceli Guerrero Esquivel, quien aseguró que desconocía si el funcionario había sido investigado por la Fepade y, por lo tanto, le pidió información al respecto.
Otro de los programas cuestionados por haber tenido una utilización supuestamente distinta a la de apoyar a la ciudadanía fue el de las Farmacias Sumar y en torno al cual, varios diputados como el perredista Iván de Santiago, aseguraron que fue creado para beneficiar a empresas privadas que surten medicamentos.
En este sentido, solicitó al funcionario estatal que le proporcionara el primer contrato firmado para la compra de estas medicinas, así como el contrato de la empresa que surte las despensas al Sistema DIF Estatal.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Gobierno del Estado, en la primera mitad del sexenio, ha ejercido un presupuesto de 745 millones de pesos, sin incluir los gastos del capítulo mil, según el desglose de cifras que aportó el funcionario para responder al diputado petista Alfredo Femat.
Este legislador aseguró que con tanto recurso, tanto en la Federación y Gobierno estatal, en vez de atacar el problema de raíz lo que se ha estado haciendo es “inventar” programas como el de la Cruzada Contra el Hambre, cuando lo que se necesita es impulsar un cambio en la mentalidad de los mexicanos.
Ante las referencias continuas que se hicieron a los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y también por varios diputados, Iván de Santiago aseguró que estos no han sido tan positivos como se promueve. ya que hay indicadores que reflejan un empeoramiento en las condiciones de miles de zacatecanos.
Frente a esto, el legislador preguntó: “¿(…) en verdad hay más pobres en Zacatecas? El gobierno sabía que habría una evaluación del Coneval y disminuyó un indicador de marginación al construir los pisos firmes, pero hay otros indicadores que nos permiten afirmar que en Zacatecas hay más pobres”.
En este sentido, precisó que el estado de 2010 a 2012 presenta un retroceso de 18.4 a 20.4 por ciento de la población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales. Y, por ello, aseguró que hay una subestimación de la pobreza en territorio zacatecano.
“Su política social se reduce a que superan la marginación de la gente que ahora tiene piso firme, pero que no tiene qué comer mañana. Es totalmente absurdo lo que han puesto como variable central”, concluyó.
La atención a las personas con discapacidad en el estado es otro de los ámbitos que dependen de la Sedeso, tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública.
Por ello, la diputada priísta, Claudia Anaya Mota, planteó al titular de esta dependencia que, en el presupuesto estatal 2014 que el Ejecutivo de Zacatecas envíe a
la Legislatura local, no se centralice el recurso destinado a este sector de la población en la actual Subsecretaría para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Expuso que lo más efectivo sería que cada una de las instituciones gubernamentales tuviera una bolsa de recursos específica para este grupo poblacional, destinada a las acciones que le correspondan como infraestructura o educación.
