■ Estarían envueltos el procurador de Justicia y el ex presidente de la JLCA, puntualizó
■ La ley marca 20 días para la audiencia de un asunto, pero aquí se trasciende a años, expuso
El ex diputado Santos Antonio González acusó discrecionalidad en la procuración de justicia en el estado, en la que estarían detrás tanto el procurador general de Justicia y el presidente municipal del ayuntamiento de Valparaíso y ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Eleuterio Ramos.
Para sustentar sus argumentos contrapuso el tiempo que se propone en la ley para la audiencia de un asunto laboral que es de 20 días y que en Zacatecas trasciende a años y su caso personal, del cual interpuesta la demanda en abril de este 2014 por Ramos, ya “están las averiguaciones a todo dar”.
El abogado al que se acusa de ser a la vez defensor de los trabajadores y la patronal en el caso de ese ayuntamiento, denunció que en éste se ejerce la extorsión por parte de un allegado a Eleuterio Ramos, a quien definió como su secretario particular o personal, y del que citó el apodo, El Chino, y los presuntos apellidos que ofreció como Jiménez de Ramos o Ramos de Jiménez.
Esto lo expuso también como un caso que no ha merecido investigación para la procuración de Justicia y acudió otra vez a la autoreferencia al señalar que en 2011 su familia fue víctima de amenazas y a la fecha no ha habido respuesta para su caso.
En este sentido, encuadró la demanda penal en su contra como una derivación de un asunto iniciado en 2010 cuando Eleuterio Ramos dejó la presidencia de JLCA y tomó la defensa de 45 trabajadores despedidos del ayuntamiento municipal de Valparaíso.
El asunto concluyó, dijo, en febrero de 2013 con la reinstalación de 23 de los trabajadores por lo que se les habrían tenido que pagar salarios caídos y las prestaciones que dejaron de percibir, que en cada caso sumarían 400 mil pesos.
Presuntamente Eleuterio Ramos hizo un convenio con el ayuntamiento y “vendió” a los trabajadores, esto es, aceptó recibieran la mitad de la indemnización de ley, esto para dejar una bolsa de recursos económicos en esa administración por la que le interesaba contender abanderado por el PRD, y que actualmente encabeza.
La denuncia contra Santos Antonio González sería según su versión, una especie de represalia por no haber aceptado continuar en el cargo de abogado de este ayuntamiento y realizar alguna operación con los recursos que derivaron de esta “venta”, mismos que alcanzaron una cifra de casi 2 millones de pesos, según dijo.
Los hechos, expuso, le han causado ya daño moral pues se presume públicamente que se le retirará la cédula profesional y a la par se le muestra en papel de juez y parte, lo que lo desacredita profesionalmente.
En la conferencia de prensa y en sustento de la demostración del funcionamiento de los “ayuntamientos perredistas”, ahora sumando el caso de Villanueva, mostró un video en que se exhibe la presión que ejerce un presunto policía ministerial, quien pretende obtener una declaración de una trabajadora, cuando explicó Santos Antonio González, el único ante quien se debe declarar es un juez.
Esto como parte de una campaña de acoso que se ha ejercido contra trabajadores de esta municipalidad que luego de ser despedidos han solicitado su reinstalación.
En misma conferencia de prensa, en la que hizo referencia a otros asuntos, se encontraban dos ex integrantes del cuerpo policiaco municipal de Zacatecas, a quienes dijo el abogado, se les despidió luego de que en la presente administración no se han realizado cursos de capacitación para los cuales presuntamente han recibido recursos federales, pero sí se les hizo efectivo el único examen de control de confianza que han presentado, realizado el año 2011.
