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■ “No podemos empezar en medio de un proceso con supervisión judicial”

Pendiente, la SFP para definir el futuro del viaducto elevado

■ Ernesto González dijo que hay avances en temas como la investigación de Miguel Alonso y el Platabus

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Por: Jaqueline Lares Chávez •

Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que su dependencia se mantiene a la espera de que la Secretaría de Obras Públicas concluya su proceso de conciliación para definir el futuro del proyecto del segundo piso. Debido a la suspensión de la obra y a la supervisión judicial en curso, la Función Pública no puede intervenir en tareas de supervisión o auditoría. “Nosotros no podemos empezar en medio de un proceso en el que están, además, con una supervisión judicial, con el tema de las suspensiones”, explicó. Añadió que, una vez concluido el proceso de conciliación por parte de Obras Públicas, se valorará si se inicia una revisión por parte de su dependencia.

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Además, dio detalles sobre la investigación en curso contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, señalando un presunto esquema de dispersión irregular de patrimonio. “Hemos detectado un modelo de dispersión del patrimonio. Primero, a través de un posible fraude en el tema de catastro, bajando el precio de propiedades millonarias a precios verdaderamente ridículos”, explicó. Asimismo, señaló que se investiga si dichas propiedades fueron transferidas a familiares del exfuncionario. El funcionario detalló que se han identificado más de 40 propiedades en zonas exclusivas de la zona conurbada y de Morelos, con un valor acumulado superior a los 400 millones de pesos, muchas de las cuales fueron adquiridas por montos de entre 100 mil y 300 mil pesos.

Toda esta información ha sido turnada a la Fiscalía Anticorrupción, a la que González Romo hizo un llamado: “Volvemos a hacer un llamado respetuoso y enérgico a la Fiscalía Anticorrupción para que ya procese una carpeta que tiene más de nueve años en su poder. 

Sobre el caso del “Platabus”, indicó que hubo investigaciones abiertas por contrataciones irregulares durante el gobierno de Alejandro Tello, aunque hasta ahora no tiene conocimiento de sanciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa. “Sí traíamos investigaciones al respecto porque esas primeras obras que se iniciaron en el gobierno de Tello no tuvieron ninguna repercusión y sí representaron un gasto importante para la entidad”, señaló. Precisó que inicialmente había alrededor de cuatro funcionarios involucrados, pero enfatizó que, debido a las más de 700 carpetas abiertas, sería necesario revisar con mayor detalle para no ofrecer información imprecisa.

Finalmente, en relación con la presa Milpillas, González Romo adelantó que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para informar con detalle sobre los resultados de las investigaciones y las posibles sanciones. “Tenemos una investigación muy a fondo sobre el tema de la presa Milpillas. En este momento no puedo informar por el momento procesal en el que nos encontramos, pero lo haré en una rueda de prensa en ocho o diez días”, concluyó.

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