El presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), organismo que agrupa a los empresarios y empresarias más acaudalados del país. Al término del encuentro, el mandatario informó que pronto se dará a conocer el tercer paquete de proyectos de inversión en infraestructura, y que ya se encuentra en preparación una nueva reforma fiscal, pero anticipó que no se crearán nuevos impuestos ni se incrementarán las tasas de los existentes. Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, puntualizó que la inminente reforma busca aligerar los trámites fiscales requeridos a los pequeños contribuyentes y expresó su respaldo al Ejecutivo federal en la ruta trazada.
La noticia de que no se impondrán nuevos gravámenes resulta positiva en un contexto en el que buena parte de los agentes económicos apenas se recupera de los efectos de la pandemia.
En este sentido, debe recordarse que el mantenimiento de las actividades del sector público sin incrementar la carga fiscal ni recurrir al endeudamiento ha sido posible gracias a que el actual gobierno ha recuperado recursos que hasta el sexenio anterior desaparecían a merced de la corrupción estructural y el insultante derroche con que se conducían tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial.
Sin embargo, la austeridad no bastará para mantener unas finanzas públicas sanas si la reforma fiscal anunciada no incluye mecanismos que cierren definitivamente el paso a la evasión.
No puede soslayarse que esta práctica ilegal inflige un quebranto incuantificable a las arcas públicas y, por consiguiente, a la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad, protección al ambiente, investigación y cultura, así como de emprender proyectos que trasciendan las necesidades cotidianas y establezcan las bases para el desarrollo futuro.
Como se dijo, debido a lo extendida que se encuentra la evasión entre los agentes económicos de todos los niveles, resulta menos que imposible conocer el monto de los recursos sustraídos al erario por el fraude tributario, pero puede atisbarse la magnitud del desfalco a la nación si se considera que hasta el año pasado la sola modalidad de emisión de facturas falsas permitía el impago de 300 mil millones de pesos anuales.
Lo cierto es que existe una deplorable carrera, entre las autoridades hacendarias y ciertos despachos de contadores, en la que las primeras tardan más en dictar nuevas disposiciones que los segundos en encontrar modalidades de defraudación, y que este empeño por trampear la ley es el principal responsable de la elevada complejidad de los trámites establecidos por el poder público. Ante esa realidad, el desafío reside en dar con una fórmula de equilibrio entre el blindaje robusto contra la evasión que requiere el Estado y la deseable simplificación del papeleo requerido a quienes desean iniciar, continuar o ampliar un negocio. Encontrar ese equilibrio es imprescindible para que gobierno e iniciativa privada aprovechen el rebote económico en curso gracias al gradual regreso a la normalidad, y lo usen como plataforma para detonar un crecimiento de largo plazo. Hay condiciones inmejorables para lograrlo: además del rebote referido, el país goza de una firme estabilidad macroeconómica en la cual sustentar el crecimiento, por lo que cabe esperar que el potencial sea acompañado por la voluntad y los acuerdos para concretarlo.
No obstante, es preciso que una vez recuperada la actividad económica será necesario, cuando menos, poner sobre la mesa una carga tributaria a la herencia de grandes fortunas y ni qué decir que en Zacatecas el gobierno que encabezará David Monreal deberé de mantener la recaudación fiscal que incrementó Alejandro Tello y apuntalar el impuesto ecológico.
