En el contexto histórico, social y político por el que atravesamos, la rendición de cuentas se presenta como elemento imprescindible en el desafío de reconfigurar la democracia. La corrupción ha venido cobrando cada vez más protagonismo como fenómeno pernicioso en los niveles de confianza de las sociedades en sus instituciones. El dato no es en absoluto exclusivo de México; por el contrario, se ha venido a instalar como constante en cualquier medición a nivel internacional. Democracias que se consideraron consolidadas han tenido que lidiar con escándalos que demeritan el desempeño de sus gobiernos en cualquiera de sus expresiones. Además, no hay que obviar que nuestro país experimenta un proceso de transformación institucional sin precedentes por la vertiginosidad con que se ha logrado. Garantizar la integridad pública como política pública transversal se vuelve necesario, a través de estrategias que privilegien la prevención, pero que no concedan espacio a la impunidad a la hora de detectar, investigar y sancionar actos constitutivos de responsabilidad de los servidores públicos. Por lo tanto, el desempeño de las instituciones que deben garantizar tanto la democracia como la rendición de cuentas, la justicia y —agregaría yo— la defensa de los derechos humanos, requiere una perspectiva sistemática y, a su vez, de máxima transparencia para garantizar su legitimidad social en tiempos de una democracia compleja (en términos del filósofo español Daniel Innerarity).
Por lo dicho, cabe fijarse en el proceso que culminó la semana pasada con la designación de un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, asunto que atrajo un inusitado interés en la agenda pública, lo que no puede sino ser una buena noticia. Es en procedimientos como el que acabamos de atestiguar en los que conceptos como representación política, rendición de cuentas, interés público y democratización de la vida pública se entremezclan y se ven en acción más allá de la teoría.
No hay que ver este proceso como uno aislado en la descripción que hacíamos al principio, sino, por el contrario, como parte de una compleja agenda que requiere una visión sistémica, tal como se pensó para su diseño el Sistema Nacional Anticorrupción. Concediendo, sin embargo, que la estrategia diseñada con tal entramado institucional no ha dado los resultados esperados, y que en la década que lleva sin lograr el arranque pretendido el fenómeno no ha hecho sino complejizarse con el desgaste de las instituciones democráticas que nos heredó el régimen de la transición democrática, y más aún con la irrupción de lo que cada vez más se conoce como la «captura del Estado», todo ello implica a su vez una demanda inmediata de incorporar a la rendición de cuentas y a la agenda anticorrupción una perspectiva en clave de derechos humanos, además de lo ya dicho en torno a la crisis de la democracia occidental.
De todo ello se desprende que, no solo para la Auditoría Superior de la Federación sino en general para todas las instituciones del Estado mexicano, el buen gobierno pasa de ser una característica deseable a una exigencia indispensable, más aun tratándose de organismos cuya principal credencial es la legitimidad en sus procesos y la congruencia en su agenda de políticas. E insisto: no solo se trata de la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto se debaten reformas que buscan mejorar la calidad de la democracia en México, cabe recordar que la democracia, para ser sustantiva y cumplir con sus fines más esenciales, requiere hoy de una agenda sólida, compleja y seria en materia de rendición de cuentas.
@CarlosETorres_
