Varios hechos recientes han contribuido a que la discusión relacionada con la reforma anticorrupción gane notoriedad en la agenda pública. Desde la próxima convocatoria para definir a la persona que habrá de encabezar la Auditoría Superior de la Federación, hasta los resultados dados a conocer hace unos días por Transparencia Internacional, en los que se vuelve a advertir un problema sin solución para nuestro país.
También ha contribuido a este debate la creciente coincidencia de que el Sistema Nacional Anticorrupción, nuestra más grande apuesta en la historia institucional en la materia, no solo no ha dado resultados: nunca logró, en diez años de existencia, ser implementado en los términos en los que se diseñó.
A todo lo anterior deben sumarse la cada vez más evidenciada captura del Estado, en sus diferentes expresiones, y particularmente en lo que hace a gobiernos municipales, por parte de agentes del crimen organizado, así como los recientes llamados a realizar ajustes a la reforma judicial y no podemos ignorar la anunciada reforma electoral.
Me explico: no debemos olvidar que la corrupción es ante todo un fenómeno del poder, y que es a través de diseños institucionales eficaces como se atiende dicho fenómeno, entendido desde la perspectiva de la corrupción política y estructural.
En este naciente debate, que por fin tiene relevancia (vaya que se había tardado), se escuchan interesantes apuntes para llevar a cabo una reforma anticorrupción. Entre ellas, destacan las de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en relación al empoderamiento social. Ello implica una visión que podría aportar no solo una respuesta a la problemática en cuestión, sino ir más allá: consolidar una democracia sustancial. No olvidemos que la corrupción contamina, hasta desvirtuar y atrofiar a la democracia desde varios frentes: la confianza ciudadana en el Estado; la eficacia de las instituciones; la garantía de derechos humanos; las deficiencias de la justicia y la debilidad del Estado de derecho; y todo lo anterior a su vez, en el desarrollo económico y la justicia social.
Sin caer en los excesos de una democracia plebiscitaria (esa tentación de someterlo todo al voto popular), la democracia participativa, y su expresión en mecanismos de rendición de cuentas, ha sido, y sigue siendo, la respuesta esencial y más efectiva para combatir la corrupción.
Las elecciones, sí, pero también la deliberación permanente en los asuntos públicos y la participación e incidencia social, con herramientas para hacerlo con formación e información, son los mejores instrumentos en contra de la corrupción. Lo que se conoce como rendición de cuentas vertical. Sin ésta, su paralela, la “accountability” horizontal, desarrollada por las instituciones del Estado, pronto se ve capturada y por tanto neutralizada.
No debiera ser noticia que los políticos responden a incentivos de legitimidad: el voto, la popularidad, la aprobación social, el prestigio y el respaldo ciudadano. Ello es connatural a la democracia. Pero, no hay que confundirse, las elecciones son apenas un paso, que, aislado, no puede sino ser parte del problema, no de la solución. La captura de los gobiernos municipales, a menudo se explica por la vía de los votos, y del incentivo perverso del apoyo del crimen organizado a determinados actores políticos, a través de distintas vías de respaldo.
Por ello, tal empoderamiento ciudadano no puede quedarse ni agotarse en la posibilidad de elegir, sino que debe promoverse, incentivarse, facilitarse y garantizarse, en la vigilancia, la incidencia, la participación, la deliberación, el acceso a la información pública, vía ejercicios de transparencia, apertura institucional, contraloría social, consultas populares, informes institucionales y otros más. En este punto la innovación, incluso la disrupción, son necesarias a partir de la experiencia y los resultados que ofrezcan.
La reforma anticorrupción por la que deberíamos apostar va en la dirección que la presidenta señala: una reforma a nuestra democracia, entendida como un sistema político complejo. Que abarque a las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (incluido el propio sistema), pero también que fortalezca las capacidades de fiscalización de las instancias electorales, mejore las fórmulas de representación política e, incluso, reforme de fondo y forma a los partidos políticos, solo para empezar. Comencemos y apuntemos hacia allá, entonces.
@CarlosETorres_
