A lo largo de su historia, el diario La Jornada y sus filiales han sostenido una línea editorial consistente en la defensa del derecho internacional, la soberanía de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Desde esa tradición crítica frente al intervencionismo y las guerras de ocupación, el análisis de la tragedia palestina no puede sino partir de una premisa ética fundamental: ningún Estado está por encima del derecho humanitario ni puede invocar su seguridad para justificar el castigo colectivo de una población civil.
El genocidio perpetrado por del Estado de Israel sobre el territorio palestino -particularmente a los habitantes de la Franja de Gaza- ha dejado una estela de devastación que rebasa cualquier noción de proporcionalidad. Hospitales, escuelas, campos de refugiados y zonas residenciales han sido convertidos en blancos militares bajo el argumento de combatir al terrorismo. Sin embargo, el derecho internacional humanitario, consagrado en los Convenios de Ginebra, prohíbe de manera expresa los ataques indiscriminados y el castigo colectivo. Cuando el saldo son decenas de miles de civiles muertos, una mayoría mujeres y niños, la discusión deja de ser retórica y se convierte en una cuestión jurídica y moral de primer orden.
Diversos organismos internacionales y especialistas en derecho penal internacional han advertido la existencia de elementos que configuran el crimen de genocidio: la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o religioso. La destrucción sistemática de infraestructura vital, el bloqueo prolongado que impide el acceso a agua, alimentos y medicinas, así como los desplazamientos forzados masivos, constituyen prácticas que no sólo resultan injustas y desproporcionadas, sino potencialmente constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
La tragedia se agrava por la complicidad o la tibieza de una parte significativa de la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos de América. Gobiernos que con razón condenan violaciones a derechos humanos en otras latitudes guardan silencio o matizan sus posicionamientos cuando se trata de Palestina. La negativa a condenar con claridad los crímenes cometidos, el envío continuo de armamento y el veto a resoluciones de alto al fuego en instancias multilaterales revelan un doble rasero que erosiona la credibilidad del orden internacional. La defensa selectiva de los derechos humanos no es defensa: es cálculo político.
Frente a ese escenario, la visita de la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, a Zacatecas por invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) constituye un acierto por partida doble. Por un lado, contribuye a visibilizar en el ámbito local una tragedia que algunos pretenden reducir a cifras abstractas. Escuchar la voz directa de la representación palestina rompe el cerco mediático y humaniza el conflicto. Por otro, la universidad pública retoma su papel histórico como espacio de debate crítico y de incidencia social, abordando los grandes problemas de nuestra contemporaneidad con responsabilidad académica y compromiso ético.
Las instituciones de educación superior no pueden permanecer ajenas a las crisis globales. Su función no se limita a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que implica la formación de ciudadanía crítica. En ese sentido, la BUAZ honra su carácter al abrir sus puertas a la discusión sobre la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Resulta, por ello, preocupante que el gobierno estatal haya optado por no recibir oficialmente a la embajadora palestina, pese a tratarse de su segunda visita a la entidad. Más aún cuando en otras ocasiones sí ha brindado recepción protocolaria a representantes diplomáticos de Estados Unidos, Canadá o recientemente de Alemania. Si bien la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno Federal, pero la cortesía institucional y el respeto a la investidura diplomática forman parte de las prácticas elementales de convivencia entre autoridades que ya se la han dado a otros representantes diplomáticos.
El silencio o la omisión, en contextos de grave crisis humanitaria, también comunican y en este caso un gobierno de izquierda no debería de caer en estos vacíos. Negarse a recibir a la representante de un pueblo que enfrenta una catástrofe humanitaria puede interpretarse como una toma de distancia que no se compadece con los principios históricos de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.
Hoy más que nunca, la defensa del pueblo palestino no es una consigna ideológica, sino una exigencia ética y jurídica. Condenar el genocidio qué ocurre en Gaza no implica desconocer la complejidad del conflicto ni las responsabilidades de otros actores; implica, simplemente, reconocer que ninguna causa justifica la aniquilación de un pueblo. La historia juzgará no sólo a quienes ejecutaron las órdenes, sino también a quienes, pudiendo alzar la voz, prefirieron callar.
