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viernes, 29 marzo, 2024
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Temas para el obligado debate en el seno de la sociedad zacatecana

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

Durante la discusión del paquete económico a fines del año 2017, el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó los llamados impuestos ambientales propuestos por el gobernador del estado con el propósito de incrementar los ingresos fiscales para el año 2018, y hacer frente a diversos retos financieros que se vienen arrastrando. El tema es relevante para la entidad en virtud de que involucra a las principales empresas ubicadas en su territorio: las grandes mineras y la cervecería Modelo. Sin embargo, una controversia constitucional presentada por el anterior presidente de la república, y 13 solicitudes de amparo interpuestas por diversas empresas ante la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) suspendieron la aplicación de las nuevas figuras impositivas.

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Pues bien, en el nuevo contexto creado por la llegada de un nuevo gobierno de la república, la SCJN abordó el asunto hace pocos días y, con ocho votos a favor y dos en contra, determinó la constitucionalidad de la facultad del estado de Zacatecas para establecer cuatro modalidades de impuestos, relacionadas con afectaciones del medio ambiente: remediación ambiental, emisión de gases y la afectación al ambiente; un impuesto por contaminación al suelo y subsuelo; además de las aguas, y el impuesto por el almacenamiento de residuos. Aunque falta que la SCJN aborde los juicios de amparo que han sido promovidos por particulares, es muy probable que en próximos meses se tendrán resoluciones firmes del Poder Judicial que contengan las disposiciones que permitan la aplicación de las tasas impositivas aprobadas en 2017, lo que implicará un ingreso muy importante para las finanzas estatales (alrededor de los 1000 millones de pesos anuales). Lo que implicará abrir el debate sobre su destino, no solo en la legislatura sino en la sociedad organizada.

También es interesante anotar que la importante reforma fiscal que comentamos núnca fue intentada por los gobernantes de izquierda que se desempeñaron como titulares del poder ejecutivo de 1998 a 2010, sino por un gobernador que asumió la candidatura en 2016 definiendose como un ciudadano sin pretenciones de convertirse en político. Asimismo debemos tener presente que fue un presidente priista quién detuvo la aplicación de la reforma interponiendo una controversia en el máximo tribunal del país, y que la resolución del caso ocurrió a escasos 70 días de la llegada del gobierno de AMLO.

Otro asunto importante en la actualidad política de la entidad zacatecana es el del sistema hidrico milpillas, integrado por una presa y un acueducto que posiblemente se construyan con el propósito de resolver en gran medida la ancestral escases de agua potable de la parte más poblada de la entidad (el corredor que va de Fresnillo, hasta Zacatecas y Guadalupe). La Conagua ya emitió título de concesión al gobierno del estado para que disponga de cerca de 50 millones de metros cúbicos para uso domestico en los municipios referidos. Las primeras fases del proyecto ya se realizaron y el presupuesto de egresos de la federación 2019 contempla una partida de 500 millones de pesos.

Pues bien, en la más reciente visita del presidente de México a la capital del estado varias personas se manifestaron en contra del proyecto referido, ante lo cual AMLO suguirió que de no lograrse el consenso se debería realizar una consulta resolutiva sobre el tema. Pocos días después el gobernador del estado puntualizó que el tema ya no estaba en manos de su gobierno sino de Conagua, y que su nueva directora refirió que no tenía indicaciones sobre la consulta mencionada por el presidente. También llama la atención la indiferencia sobre el tema mostrado por legisladores y dirigentes de las fuerzas políticas y sociales locales, de manera que es muy dificil tener alguna estimación de la magnitud de la oposición al proyecto y de la calidad de los argumentos en pro o en contra. Se han realizado algunos foros por la parte oficial y por algunos académicos, pero es evidente que la importancia del tema exige la masificación de la información y del debate.

Las distintas fuerzas políticas están obligadas a pronunciarse con claridad sobre estos y otros temas públicos, con el propósito de promover la participación social y la elevación de la cultura política, además de afinar el perfil de cada partido y facilitar su diferenciación ante los electores. La reconstrucción del sistema político de nuestro país exige que sus políticos afinen permanentemente sus diagnosticos y propuestas, sometiendolos a debates frecuentes. Ese es el camino más seguro para lograr la mejora continua de nuestros gobiernos. ■

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