Bogotá, Colombia. Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, concluyó el jueves la primera indagatoria ante la Fiscalía General por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
El abogado defensor Jaime Granados dijo telefónicamente que interrogatorio se prolongó por siete horas y a su cliente le «fue bien porque pudo contestar con claridad todas las preguntas» del fiscal a cargo del caso.
Granados dijo antes de que comenzara la diligencia que todos los testigos contra su cliente «son falsos».
El 25 de septiembre la Fiscalía anunció que había vinculado formalmente a Santiago Uribe a una investigación penal por su aparente apoyo a un grupo paramilitar que habría operado en los años noventa en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia y a unos 305 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Según el abogado, «no existe ninguna prueba que señale al señor Uribe Vélez» y aseguró que los testigos en su contra han sido impulsados y protegidos por reconocidos detractores del expresidente Uribe: el congresista de izquierda Iván Cepeda, el sacerdote jesuita Javier Giraldo y el abogado Daniel Prado.
Granados cree que la fiscalía deberá resolver la situación jurídica de Santiago Uribe en noviembre: o lo envía a prisión o se abstiene de proferir en su contra una medida de detención preventiva.
El 24 de mayo de 2010, en entrevista con The Associated Press, el mayor retirado Juan Carlos Meneses dijo que supo de las actividades ilegales de Santiago Uribe porque él mismo recibió pagos mensuales por ser permisivo con el accionar del grupo ilegal.
«Yo lo único que hacía era colaborarle al grupo y a Santiago, pero yo nunca participé… mi función era colaborarles» al dejar operar a los paramilitares, agregó el otrora policía.
Meneses contó que en 1994 llegó como comandante de la policía a Yarumal y conoció a Santiago Uribe, quien era uno de los copropietarios de una finca en la zona llamada «La Carolina», un criadero de toros de casta. Manifestó que a cambio de un pago mensual de entre 600 y 750 dólares, Santiago Uribe le pidió que colaborara con un grupo paramilitar que él tenía en la zona y que se dedicaba a asesinar a atracadores, consumidores de droga y cuatreros. Reveló que el grupo fue conocido como un escuadrón de la muerte con el nombre de «Los 12 Apóstoles», a los que se imputan más de 50 asesinatos.
En 2004 Meneses solicitó el retiro voluntario de la Policía.
El defensor de las víctimas, abogado Daniel Prado, dijo temprano a los reporteros que pedirá a las autoridades que los supuestos delitos cometidos por el grupo ilegal llamado «Los 12 Apóstoles» sean considerados como crímenes de lesa humanidad.
En 1995, tras estallar un escándalo en la prensa sobre el supuesto grupo de sicarios, la Fiscalía se abstuvo de abrir una investigación formal contra Santiago Uribe con el argumento de que no había pruebas suficientes y contundentes para hacerlo. Pero tras las afirmaciones de Meneses la investigación se reactivó.
