El pasado 10 de febrero fue publicada la reforma constitucional en materia político electoral, en ella se dispuso la creación del Instituto Nacional Electoral, que sustituyó al Instituto Federal Electoral. El INE asumió las funciones que tuvo el IFE y se le agregan otras tantas. Luego entonces, es válido hablar de una transformación, más que de la desaparición del IFE, puesto que el nuevo organismo se constituye sobre la base de éste, al transferirle íntegramente los recursos humanos, materiales y financieros. En el INE se conserva al Consejo General como el máximo órgano de dirección, pero aumentó de 9 a 11 el número de sus consejeros electorales, integrándose por 10 consejeros electorales y un consejero presidente, además del secretario ejecutivo y de los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos.
Esta modificación resulta significativa, no tanto por el incremento en el número de integrantes que, dicho sea de paso, representa una medida necesaria por la ampliación sustantiva de las responsabilidades del nuevo órgano electoral nacional; antes bien, el reto para el legislador fue encontrar un método de selección que conjurara la visión más menos extendida respecto al Consejo General: que sus consejeros son representantes directos de los intereses de partidos políticos o bien, que estaba totalmente partidizado.
La ciudadanización del IFE, otrora garante de la consolidación de la función electoral como función primordial del Estado Mexicano, había sido ampliamente cuestionada por diversos actores políticos que desde el año 2003 veían en la distribución de cuotas partidistas en la selección de consejeros electorales, el riesgo más latente a la vulneración de la autonomía del órgano electoral.
La solución encontrada, al menos, blinda al INE del vicio de la omisión de la Cámara de Diputados de designación de consejeros electorales y de dejar al Consejo General funcionando durante mucho tiempo sin todos sus integrantes, incluyendo al Consejero Presidente, como sucedió recientemente (a partir de octubre de 2013), al obligarlo a plazos perentorios, y de no alcanzar acuerdos está prevista la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante el método de insaculación designará a los consejeros electorales. Otra bondad, apenas explorada, es la creación de un Comité Técnico de Especialistas que integran tres instancias del estado mexicano: Ifai, CNDH y Jucopo de la Cámara de Diputados. Aún cuando se dejó de lado a la sociedad civil al no incluir instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio, como pudieron ser las universidades, los organismos empresarias, organizaciones no gubernamentales, entre otros, sí representa un avance respecto al método anterior, donde sólo los partidos políticos tenían injerencia.
El primer ensayo del nuevo método, amén de las mejoras que acepta, se puede calificar de exitoso y demuestra, desde mi particular visión, al menos tres cosas: a) que en el país hay una creciente expertise en materia electoral y que es objeto de una carrera profesional y de especialización académica al margen de los partidos políticos; que el trabajo imparcial desempeñado por los órganos electorales genera interés en la sociedad como un área de especialización laboral; que es posible encontrar métodos que combinen o armonicen el interés ciudadano y el de los partidos políticos en la integración de los órganos encargados de las elecciones.
Por las características referidas, el proceso no podía más que resultar muy exigente para los interesados, quienes además debieron acreditar sus conocimientos y experiencia en materia electoral, presentando copia de uno o varios textos de su autoría sobre el sistema electoral mexicano, o un ensayo, en relación con el proceso de creación del INE y sus efectos en el sistema político electoral mexicano. Aspecto que, a decir el Comité Técnico, fue un elemento que aportó criterios adicionales para prefigurar los mejores perfiles. Analizados los perfiles y experiencia de los aspirantes, el Comité entregó a la Cámara una relación de los 50 mejor evaluados, en cuatro bloques con cinco candidatos por cada puesto a ocupar: tres listas para consejeros que durarán en su encargo tres años, cuatro listas para cuatro de seis años y tres más para igual número con duración de nueve años; y una lista para la elección del presidente, quien ejercerá ficha función por nueve años.
La propuesta final fue sometida al pleno de la Cámara de Diputados, misma que la aprobó por mayoría calificada de 417 votos a favor, 41 en contra y 4 abstenciones, quedando consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello; consejeros electorales por nueve años: Adriana Favela Herrera, Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón; por seis años: Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González y Alejandra San Martín y para tres años: Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo.
El acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados y la amplia votación a favor de los designados hace suponer que se cuenta con el aval de la sociedad para el ejercicio de sus funciones. La alta responsabilidad y confianza depositada en los hombres y mujeres designados debe confirmarse día a día en el desempeño que observen en su acción cotidiana, siempre bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. ■
*Vocal Ejecutivo de la 03
Junta Distrital Ejecutiva
