En México, el trabajo representa esfuerzo y bienestar para las familias. Durante décadas, millones de personas han dedicado su vida a servir al país con la expectativa de contar, al final de su vida laboral, con una pensión que les permita vivir con tranquilidad.
Hoy, con la aprobación de la reforma al artículo 127 constitucional, se fortalece la justicia social en nuestro país.
Esta reforma no elimina derechos ni desconoce el esfuerzo de las y los trabajadores. Por el contrario, corrige una distorsión que durante años permitió la existencia de pensiones desproporcionadas en ciertos sectores del servicio público, mientras la mayoría accede a ingresos mucho más modestos al momento de su retiro.
Lo que aprobamos en el Senado de la República es poner orden, equilibrio y sentido de justicia en el uso de los recursos públicos.
Durante mucho tiempo, el espíritu de nuestra Constitución fue desvirtuado por prácticas que privilegiaban a unos cuantos. Hoy, con esta decisión, reafirmamos que el servicio público es una vocación, no un espacio para beneficios excesivos.
Los recursos del pueblo deben administrarse con responsabilidad y orientarse al bienestar colectivo.
La reforma establece límites claros a las pensiones y jubilaciones en entidades públicas, alineándolas con el principio constitucional de que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Con ello, avanzamos hacia un sistema más justo, sostenible y transparente.
Este cambio también permitirá que los recursos públicos se utilicen de manera más equitativa, fortaleciendo programas sociales que hoy benefician a millones de familias en todo México. Cada peso que se destina con responsabilidad se traduce en más bienestar, más oportunidades y mayor justicia para quienes más lo necesitan.
La iniciativa impulsada por nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, es congruente con el proyecto de transformación que vive el país: un modelo basado en la austeridad republicana, la economía moral y la igualdad.
Como senadora de la República, voté a favor porque estoy convencida de que este es el camino correcto. La reforma garantiza tres principios fundamentales: equidad, responsabilidad financiera y respeto a los derechos adquiridos.
Hoy México avanza hacia un sistema de pensiones más justo, donde el trabajo se reconoce con dignidad y los recursos públicos se administran con responsabilidad.
Porque cuando ponemos fin a los privilegios y colocamos al pueblo en el centro, construimos un país más igualitario, más solidario y con mayor bienestar para todas y todos.
