■ En total se pagarán 29 millones 280 mil pesos en sueldos y bonos de los ediles: Omar Carrera
■ “Ojalá la gente reflexione y exija que no se sigan cometiendo estos abusos y excesos”
El diputado Omar Carrera Pérez denunció en los asuntos generales de la sesión ordinaria de la 62 Legislatura de este jueves, que el cabildo de Guadalupe aprobó un bono de gestión para los regidores de 50 mil pesos y de 60 mil para la síndico municipal.
En total, dijo, se pagarán 29 millones 280 mil pesos, de los cuales 10 millones 80 mil pesos serán para sueldos de regidores, 18 millones 240 mil pesos se destinarán a sus bonos y otros 960 mil pesos serán para la síndico municipal.
El legislador concluyó que “ojalá la gente reflexione y exija que no se sigan cometiendo estos abusos y excesos; ojalá el cabildo valore la situación de Guadalupe que tiene una deuda de más de 170 millones de pesos; ojalá esta Legislatura esté pendiente del desarrollo y cómo termina este municipio, que va de mal en peor”.
También en los asuntos generales intervino la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre, quien hizo un recuento de las decisiones “improvisadas” que ha ido tomando la actual administración gubernamental y que han sido revertidas por decisiones judiciales o del Ejecutivo federal.
Al hacer un balance de los seis primeros meses de la administración estatal, expuso que por algunas de las políticas fiscales del Gobierno del Estado actualmente están en riesgo más de mil 700 millones de pesos provenientes de los impuestos ecológico, el adicional a la infraestructura, el de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el de Derecho de Control Vehicular.
En primer lugar, refirió el programa de regularización y empadronamiento de más de 5 mil vehículos de procedencia extranjera.
En este sentido, expuso que “una semana le duró el gusto al gobernador, ya que recordó que el Servicio de Atención Tributaria (SAT) suspendió esta política de manera indefinida “por considerarla irregular”, mandato que la legisladora calificó como un revés para el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna.
Después, hizo referencia a la controversia constitucional que interpuso el Gobierno Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Impuesto Ecológico y la cual continúa en proceso.
Finalmente Bañuelos de la Torre expuso que este mes de marzo, el día 7, se resolvió a favor del promovente un amparo interpuesto por un ciudadano en el mes de enero en el juzgado primero de distrito en contra de los impuestos adicional para infraestructura, de la UAZ y de Derecho de Control Vehicular.
Por esta decisión judicial, dijo la legisladora, Gobierno del Estado tendrá que devolverle a esta persona el monto que pagó por concepto de estos impuestos y abre la puerta para que cualquier ciudadano pueda ampararse en el mismo sentido obteniendo una respuesta favorable, por lo que estarían en riesgo los más de 500 millones de pesos que corresponden a estos impuestos.
Ante esta situación, indicó que “la pregunta del millón es qué está pensando el titular del Ejecutivo para poder llenar el boquete de no recaudación de mil 230 millones (del Impuesto Ecológico) y de los eventuales 531 millones de pesos (de los otros tres gravámenes)”.
La legisladora consideró que la respuesta no está en el camino actual de “soberbia, improvisación y desaciertos” y su propuesta fue la de “que se persiga a los responsables del desfalco que se vive en Zacatecas, que se dejen de idear impuestos que sólo afectan a las clases contribuyentes y a los responsables no están siendo objeto ni siquiera de investigaciones”.
