San Sebastián. Más de 10 mil personas se manifestaron este sábado en la ciudad española de San Sebastián (norte) para denunciar el arresto a principios de semana de 16 personas acusadas de pertenecer a la organización armada separatista vasca ETA.
Entre las personas detenidas el lunes figuran 12 abogados, que fueron puestos en libertad, si bien no podrán abandonar España ni visitar a los prisioneros de la organización armada en nombre del «colectivo de abogados» que garantiza su defensa.
«Derechos humanos, solución, paz» en el País Vasco, proclamaba la gigantesca pancarta que abría la manifestación junto a algunos abogados liberados.
La coalición independentista EH Bildu, segunda fuerza del Parlamento vasco, por los sindicatos ELA y LAB y por el colectivo de familias de presos Etxerat llamaron a participar en la marcha.
«El estado español quiere condenar a la sociedad vasca a una espiral de conflicto y aquí hay voluntad suficiente y mayoritaria para avanzar hacia una sociedad (…) en paz y democracia», declaró Mikel Ansa, uno de los responsables de comunicación del partido independentista Sortu.
Los abogados detenidos están acusados de fraude fiscal, blanqueo y pertenencia a una organización terrorista. El ministerio del Interior les acusa de pasar a los presos las directrices de ETA.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, decretó prisión incondicional para los tres tesoreros de la organización de apoyo a los presos Herrira, cuyas actividades suspendió la justicia.
Estas detenciones implicaron también el aplazamiento al 29 de enero de un importante proceso contra los miembros de la coalición Batasuna, considerada como el brazo político de ETA e ilegalizada en España en 2003, ya que muchos de la treintena de acusados se quedaron sin abogados defensores.
Los acusados consideraron que el gobierno conservador de Mariano Rajoy busca así influir en la opinión pública a menos de un año de las elecciones legislativas, máxime cuando sus abogados podrían haber sido simplemente citados a comparecer sin ser detenidos justo antes de la apertura del juicio.
La organización armada ETA, a la que se le atribuye la muerte de 829 personas desde su creación en 1959, renunció a la violencia en octubre de 2011. Desde entonces, Madrid y París exigen su disolución sin negociar, como reclama la banda, el futuro de los prisioneros, entre otros puntos.
