Quizá, después de todo, el Dr. Rubén Ibarra Reyes no está rescindido de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). O al menos, esa es la sospecha que lanzan en “La enredadera” del 9 de Julio de 2025. Insisten que la emisión de títulos y certificados está detenida porque la firma del rector, Dr. Armando Flores de la Torre, no es válida, todavía, para las instancias federales. Este comentario aparece después de una nota en la que se festeja la asistencia del mencionado rector al informe de la Dra. Jenny González Arenas, a la sazón dirigente del Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ). En ese acto protocolario se firmó un acuerdo que, por lo dicho en la nota, tal vez carece de valor alguno. ¿De dónde esa patente contradicción? Estas no surgen, en los medios noticiosos o políticos, por un error de razonamiento, sino por un conflicto subyacente irresuelto. Al parecer la misma opinión la comparte el docente Juan Antonio Pérez, quien en su artículo de Pórtico (“La UAZ presa de mercenarios procesales” 13/07/25) afirma que la asistencia del Dr. Flores de la Torre es apenas un paso, pues “no nos engañemos, no es el fin de la conflagración”. ¿De qué conflagración habla aquí? Una que Flores de la Torre no podrá resolver, pues según el docente Pérez, la heredará cual “pesada estafeta” al Dr. Ángel Román Gutiérrez, rector electo. No es claro cuál conflicto existe en estos momentos en la Universidad, pues la fuente de cualquiera de estos ha sido, durante los dos años previos, el intento de ganar la rectoría desde el sindicato. Ese objetivo llevó a la conculcación de derechos de los agremiados y a la autocreación de una férrea oposición, y por ende a un conflicto intrasindical. Sin embargo, ante la derrota, cualquier confrontación es pura melancolía o resentimiento. ¿O están ya en la carrera por volver a ganar el SPAUAZ quienes perdieron la rectoría? Si es así no cabe duda, se mantendrá el conflicto. ¿Qué tiene que ver la rectoría en esto? Mucho, pues el grupo derrotado, arrinconado en los recursos dinerarios del sindicato, no quiere perderlos y tratará por todos los medios de negociar con el Dr. Román Gutiérrez un acuerdo que les permita posesionarse de las finanzas del SPAUAZ por otros tres años. A ver si, en 2029, sí ganan la rectoría. “Pensamiento estratégico de mediano plazo”, quizá es cómo ese grupo se autoelogia a sí mismo. Sin embargo, por el momento, la única crisis es la de la ideología de los derrotados, como queda de manifiesto en el artículo citado del docente Pérez. Tan pobre es su defensa de los agravios cometidos por la Dra. González contra el gremio, que concluye dando un mordisco a su cola, como la serpiente, o dragón, a la que alude. Sin conocimiento de causa, pues el uróboro es símbolo de “unión de contrarios”. ¿Hay argumentos? Bueno, pero ¿qué tesis defiende con esos argumentos? Afirma que hay una “guerra legal” contra la dirigencia del SPAUAZ acometida por un pequeño grupo que se aprovecha de los vacíos legales, también que la compra del inmueble por parte de la secretaria general, Dra. Jenny González Arenas sin consultar “Fue un error, pero perfectamente justificable y explicable”. Veamos la primera tesis y sus argumentos. Al parecer, recurrir a los tribunales cuando se está ante lo que podría ser un abuso de la autoridad es una “guerra legal”. ¿Por qué? no se dice, no hay una serie de proposiciones que fundamenten racionalmente esa afirmación. Hay, y muchas, afirmaciones sentimentales que arguyen retóricamente para ganar los sentimientos de los lectores. Así, abundan los epítetos infamantes: “Buscabullas”, “mercenarios procesales”, “grupo pequeño y abyecto”, “microscópico grupito”, “nano colectivo” tanto como las mentiras descaradas “Las causas (de las demandas) son irrisorias y están destinadas a fracasar”. Se ganaron la mayoría de las causas hasta el momento. Y tan es así que incluso está en vías de solución un amparo interpuesto para no enfrentar la ley. No discute el contenido de las demandas ni las sentencias judiciales, prefiere narrar anécdotas para enunciar verdades de Perogrullo “No hay ley perfecta”. ¿Insinúa que los jueces están coludidos con los demandantes?; ¿Qué el sistema de impartición de justicia en Zacatecas está corrupto? No llega a tanto pues carece de elementos para argumentar sus dichos. Ahora bien, los argumentos que utiliza para defender la compra sin consulta son los siguientes: “Se exagera el hecho de haber realizado la compra sin haber consultado en Asamblea. La falta de consulta es, ciertamente, un error muy menor que se ha magnificado a niveles que superan lo sensato.” Con esto último justifica, incluso, al ing. José Juan Martínez Pardo. ¿Es esa la posición del Grupo Plural-Universidad-Movimiento estudiantil? No haber consultado el levantamiento de la huelga fue un error muy menor magnificado a niveles insensatos. De hecho, desde el mero criterio financiero el “error muy menor” de la Dra. González costó 49 millones de pesos, mientras que el del Ing. Martínez Pardo nada. Lo más interesante es que al docente Pérez se le complica recordar cuando fue citada por última vez la Asamblea General. Quizá los Drs. Guzmán Fernández y Viramontes Cabrera deban buscar otra voz para manifestar sus frustraciones.
El SPAUAZ en su laberinto. La crisis del Grupo Plural-Universidad-Movimiento juvenil
