Estoy convencido de que la familia es el núcleo esencial de la Patria, el motor fundamental de nuestra sociedad, y su desintegración ha tenido como resultado que ya desvinculados, sus integrantes, la mayoría de las veces, se dejan influenciar por otras parejas, otros familiares, por amigos y, en el peor de los casos, por grupos delictivos que los reclutan para cometer actos ilícitos contra los integrantes de la propia colectividad; llámense homicidios, secuestros, torturas y otras actividades que atentan contra los Derechos Humanos Fundamentales de cualquier individuo, de cualquier edad, situación económica o género. De ahí que todos debemos estar interesados en coadyuvar en la integración de las familias y si no se puede a fin de cuentas, dar acompañamiento social, psicológico, educativo, laboral y de proyectos económicos, para que ningún integrante de esa familia ya desencajado, tenga como opción de vida, dedicarse a las actividades delictivas, pues esto motivará ataques más consecutivos, degradantes y abominables contra aquellas familias que se presumen “bien”, que viven juntos, que tienen un modo honesto de vivir, que tienen un patrimonio bien habido, con proyectos familiares, vacaciones, viajes y que, de pronto, terminan, como consecuencia de la misma inseguridad, y la industria de la violencia, en donde están reclutadas aquellas personas que no tuvieron la inspiración de vida de un padre o una madre o, incluso, un hermano; dichos individuos pueden ser niñas, niños y adolescentes provenientes de aquellos vínculos afectivos destruidos. Lograr ese acompañamiento que proponemos requerirá de un esfuerzo extraordinario de todas aquellas instituciones que atienden, vigilan y garantizan el cumplimiento de las prerrogativas que, a veces, parecen letra muerta. En este sentido, la UNICEF México ha establecido que cuando niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados, ven directamente afectados sus derechos, ya que son expuestos a la violencia, pues son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra su integridad física y su vida, así como la de otras personas; yo agregaría que también pierden esa sensibilidad humana y son indiferentes ante cualquier tipo de vida. La UNICEF también agrega que corren alto riesgo de ser sometidos a abusos, explotación, a sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte, suelen abandonar la escuela y jamás vuelven a ser iguales, pues el impacto emocional que enfrentan, ante este tipo de actividades delictivas, los marca para siempre. De acuerdo con la UNICEF México, la infancia y adolescencia en México debe ser protegida contra esta práctica inaceptable, y conforme lo establece la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su Artículo 16, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y su Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, el Estado está obligado a garantizar su seguridad e integridad evitando que ningún niño, niña o adolescente sea reclutado por grupos armados. Según la organización Derechos de Infancia y Adolescencia en México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes, estaban en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por parte de grupos delictivos en México durante 2020 y, principalmente, siete entidades concentraban alrededor de 55% de la población de niñas, niños y adolescentes en riesgo: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%); así las cosas, los estados con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por parte de agrupaciones delictivas eran: Estado de México (entre 14,005 y 24,227 casos); Jalisco (entre 12,441 y 21,521 casos), y Chiapas (entre 11,762 y 20,346 casos). En datos más actuales, el diario El Universal, el 17 de febrero del año en curso, señaló que existen en México 4 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, que se encuentran en situación de riesgo al ser reclutados o utilizados por agrupaciones delictivas; en este contexto, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) define a las niñas, niños y adolescentes vulnerables como aquellos que no asisten a la escuela (86.7% o 3.4 millones de personas) y los niñas, niños y adolescentes que están ocupados (32.5% o alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes). Así las cosas, necesitamos integrar familias, acompañarlas para que las infancias y adolescencias no deserten de las escuelas y, que cuando estén ahí, no sean abusados, discriminados y/o presas de las drogas. Muchas tareas pendientes.
