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lunes, 17 enero, 2022
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Utopías de los 1970

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Por: ALBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ • ROLANDO ALVARADO FLORES •

El 14 de diciembre de 2018 la administración central de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)ofreció una conferencia de prensa. Ahí declaró el rector, Dr. Antonio Guzmán Fernández, que la institución bajo su férula carecía de los recursos para pagar aguinaldos y salarios (“Se declara la UAZ sin recursos para los pagos de diciembre”, Imagen,14/dic/2021). Resulta sencillo documentar informes semejantes en 2019 y 2020. A partir de 2021 el dramatismo se dejó de lado, el nuevo rector, Dr. Rubén Ibarra Reyes, afirmó lo siguiente el 7 de diciembre: “Les pedí un plazo de aquí al viernes, fecha establecida en el contrato para el pago del aguinaldo, para informarles en que circunstancias estamos y espero ese día informar la fecha en que estaríamos cubriendo esa parte” (“BUAZ a la espera de una respuesta sobre el otorgamiento de recursos extraordinarios” La Jornada Zacatecas, 8/dic/2021). Un plazo solicitado a los sindicatos para gestionar dineros e informar si podría pagar el aguinaldo el 12 de diciembre. No hubo pago y tampoco informes. Lo que se supo es que al sindicato de trabajadores de la UAZ (STUAZ) se le pagará el día 15 el 50 % del aguinaldo. Este movimiento es posible debido a la menor cantidad de dinero que se eroga por aguinaldos a ese sindicato, y también porque el SPAUAZ no es un sindicato organizado. ¿Cuánto necesita la rectoría para pagar los adeudos mínimos consistentes de salarios de diciembre y aguinaldo? De acuerdo a declaraciones del rector lo necesitado son 523 millones de pesos. Quizá menos, tal vez 243 millones si el gobierno del Estado de Zacatecas paga a la universidad los 280 millones de pesos que le debe (“El gobierno de Zacatecas adeuda 284 millones de pesos a la UAZ” La Jornada Zacatecas, 10/dic/2021). Aquí se mencionan requerimientos mínimos: los salarios de diciembre, los días 31 y el aguinaldo no son todos los adeudos hacia el personal académico. Cálculos conservadores indican que el monto total de adeudos hacia los docentes podría alcanzar los 1000 millones de pesos. Y esto crecerá en 2022 porque el presupuesto de la UAZ es deficitario: gasta más de lo que ingresa. Sin embargo, sobrevive gracias a los apoyos anuales otorgados por el gobierno federal y los proyectos aprobados ante agencias gubernamentales que le permiten hacerse de fondos para “crecer”. Porque la UAZ crece en infraestructura y personal pese al ambiente inflacionario y los adeudos sin fin. Donde no crece es en el rubro de salarios y prestaciones para el personal académico. Ahí el estancamiento es brutal y producto directo del neoliberalismo, en particular, de los programas heterodoxos de contención de la inflación. Debido a que el escenario nacional es inflacionario, es muy claro que en esto no habrá cambios. ¿Cuál es entonces la función de la deuda? Porque esta está bien localizada: en los trabajadores universitarios. Tiene una clara finalidad política porque permite al gobierno federal dictar cómo han de reorganizarse los desorganizados universitarios. Cada apoyo conlleva exigencias que deben cumplirse, las que de manera gradual transforman las relaciones entre la rectoría, los sindicatos y la base de trabajadores. Un ejemplo es la problemática de las contrataciones permanentes o “bases” del personal académico. Según el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) se deben otorgar bases a los agremiados para profesionalizar la enseñanza (cláusula 91). Una manera de otorgar esas bases es reconocer las plazas que dejan los jubilados. Sin embargo, es política de la universidad, aprobada por el gobierno federal, no reconocerlas para “bajar la deuda”. ¿Qué deuda hay aquí? la derivada del derogado sistema de jubilaciones de la universidad, uno de tantos sueños de los 1970 sepultado por la realidad de la escasez de recursos. Cada plaza de un jubilado continúa costado a la universidad porque el ISSSTE no paga el total de la masa dineraria pactada, y por ende este personal sigue representando un costo. A este respecto el pasado 13 de agosto de 2021 debió ser un día de festejo para la administración central: por fin se agotó la generación de universitarios que cargan parte de su jubilación a la universidad. Lo que implica que cada nuevo retiro será con cargo al ISSSTE y las plazas liberadas no serán onerosas. Es también el fin de una “política de resistencia” creada en los 1970, que consistió en imaginar una “universidad de la abundancia”. Esta es una de las utopías menos socorridas. La historia de la humanidad está plagada de profetas del desastre y la miseria, del castigo del cuerpo y la abstención. A pesar de todos sus errores los universitarios de los 1970 sí intentaron ir a contracorriente de las políticas neoliberales nacientes por aquellas fechas. Cualquiera de las reformas posteriores, a partir de los 1980, tuvo por fin desmantelar aquella política. La igualdad salarial fue destruida por los “reglamentos académicos”, la solidaridad fue erradicada mediante las políticas de diferenciación salarial, la “vejez digna” se liquidó mediante la inflación y los programas de contención salarial. Cualquier intento de politización se socaba con la amenaza de no pagar salarios y prestaciones. La enseñanza de los 1970 de la UAZ consiste en que cualquier idea de universidad debe quedar plasmada en un contrato valido para una generación.

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