Ahora que se aprobó el presupuesto federal, y se hicieron efectivos los recortes al gasto púbico anunciados, nos preguntamos cómo es que se ha agudizado esta situación. El recorte es por la ‘necesidad’ de pagar los servicios de una deuda gigantesca, esta última es a causa de insuficiencia crónica de captación de recursos fiscales. Y con el desplome de los precios del petróleo, esta circunstancia se hizo aún más evidente. En consecuencia (así aparece) la autoridad hacendaria está muy estricta en la recaudación de obligaciones fiscales, como el caso del cobro ‘a lo chino’ con la UAZ. Sin embargo, observamos que en el estudio de Fundar, aparecen una serie de deudas tributarias o créditos fiscales condonadas a personas morales en total arbitrariedad. Veamos.
Nos dice Fundar, en la investigación que acaba de ser publicada hace unos días: “Tan sólo en el último año, por ejemplo, a sólo 15 personas morales se les canceló un monto superior a los 15,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que 0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% del total de las cancelaciones (…) ” un grupo de 15 contribuyentes que ya habían sido beneficiados con un programa similar que fue implementado en el primer año del gobierno de Felipe Calderón, lograron acceder nuevamente al perdón de sus adeudos. En total, en virtud de ambos programas, estos 15 contribuyentes, a quienes el SAT prácticamente nunca pudo cobrarle créditos fiscales durante 7 años, dejaron de pagar más de 46 mil millones de pesos”. Y cuando se logra ver algunos de los nombres de los ‘beneficiarios’ de las condonaciones de dichos créditos fiscales, resulta que son empresarios que no están en bancarrota o en quiebra técnica: Televisa, Sabritas, despachos de personajes públicos, y cosas por el estilo. La totalidad de los nombres es muy difícil obtenerlos, por la opacidad del sistema tributario en México. Aun con la última reforma a la Ley de Transparencia, donde se obliga al SAT a dar información solicitada, la opacidad es enorme, porque se dejan mecanismos para que las autoridades hacendarias ‘protejan’ su información, por vía de amparos o simplemente se niegan a proporcionar la información y no hay manera de obligarlos a que cumplan con la Ley de Transparencia. Recordemos el incidente (que ya se cita en estudios del tema) de por qué Pikkety no pudo incluir a México en su estudio de desigualdad: porque la información fiscal en México es inaccesible. Pues bien, esa opacidad es directamente proporcional a la arbitrariedad en las decisiones de a quién sí y a quién no se le condonan los deudas tributarias. ¿Por qué a la UAZ se le cobra a la fuerza y a Sabritas se le perdona?
Igual pasa con la evasión y la ‘vista gorda’ con los evasores: de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación en 2012 la evasión global de impuestos correspondió al 2.8% del PIB, lo que equivale a un monto de 483,874.0 millones de pesos. Esa discrecionalidad en la decisión sobre los que pueden no pagar impuestos, se junta con una evidencia que pusieron sobre la mirada pública los llamados “Papeles de Panamá”, donde las élites se empeñan en buscar la forma de no contribuir con los países que les hacen ricos.
Así, tenemos que la causa de fondo de la deuda pública y los recortes, es la insuficiencia de captación de recursos fiscales, y esta es, a su vez efecto de una captura de las instituciones por parte de los poderes económicos señalados. Así, los privilegios impositivos injustificados es una muestra de lo que de fondo es la causa de la insuficiencia crónica de recursos para el gasto público en México: las élites deciden (indirectamente) sobre las políticas fiscales en el país. El intento de reforma en el 2014, aunque elevó un poco las contribuciones, para nada resolvió la situación estructural del problema.
Y gracias a que los muy ricos no pagan impuestos, es que la población más vulnerable se ve afectada por los recortes al gasto público. Si no hay una reforma hacendaria en serio, que aumente la cobertura de gravamen con esos Muy ricos y se hace una fórmula de gasto realmente progresiva, el problema que ahora vivimos se ira poniendo cada vez más explosivo. No hay recursos para financiar el cumplimiento de los derechos de ciudadanía, que ahora mismo, se han elevado a derechos humanos. Y un problema especialmente explosivo: las jubilaciones. Y es especial porque indica algo muy revelador: el futuro está destruido. Y el signo de cómo se destruyó ese futuro es igual de significativo: se desmontaron las redes solidarias.
Los afectados de esta situación debemos tejer las relaciones sociales necesarias para lograr dos cosas: se democratice la conducción del Estado y sacar a las élites como gobernantes de facto, lo cual nos pone en una lucha por la democracia con fuertes tintes de lucha de clases; y además, reconstruir los esquemas solidarios que el neoliberalismo destruyó, desde lo pequeño (como las fórmulas autosolidarias en los sindicatos), hasta lo grande (una hacienda pública progresiva). De ahora en adelante, la política por la democracia tendrá este tinte de lucha de clases. Si no hay emergencia y respuesta de los afectados, los derechos terminarán siendo comidos por las élites, pero si se logra articular esa respuesta, la política será intensamente agonal. ■
