En el marco de la convocatoria de los foros para la elaboración del diagnóstico y programa de derechos humanos en el Estado de Zacatecas, (PDHEZ) hemos iniciado una serie de reuniones un grupo de organizaciones (OSCs), a partir de nuestro interés compartido por avanzar hacia una propuesta de agenda desde la sociedad civil (diagnóstico/programa/ley) donde tengamos una auténtica incidencia ciudadana, sin convertirnos, como sucede por -regla general- en parte de una consulta simulada, sin “coadyuvancia” efectiva.
Nuestras reuniones, han servido para trazar algunas líneas en torno al análisis del contexto relacionado con la grave crisis de derechos humanos de México, (de la que Zacatecas hace parte, con sus propias especificidades). Se trata de una política federal. Localmente, el gobierno estatal, se suma al grupo aún reducido de entidades federativas que tendrían su diagnóstico y PEDH, junto a Coahuila, Jalisco, Oaxaca, (6 en total), con la meta de incluir a todas las entidades en el 2018.
El primer problema a señalar es la diferencia –abismal- existente entre los modelos utilizados por los estados para elaborar sus PEDH. Siendo, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el modelo más robusto. Por esa razón lo retomamos como referente. Aceptada esa línea de trabajo. Acordamos iniciar los trabajos sobre tres mesas temáticas: una primera mesa, sobre la propuesta del diagnóstico y del programa. Una segunda mesa sobre la caracterización del modelo de gestión de la Comisión Estatal de derechos humanos del Estado de Zacatecas. Y una tercera, sobre la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, (siguiendo con el modelo del DF).
En la reunión del viernes, se expusieron los documentos y/o avances de cada mesa. Se analizó con mayor detenimiento la situación en que los foros se estaban desarrollando en Zacatecas, con visibles limitaciones a pesar del entusiasmo -e interés- de quienes han participado con sus ponencias en las distintas regiones –fundamentalmente por la premura del tiempo, y la ausencia de criterios sobre el diagnóstico, salvo los mínimos establecidos en la convocatoria-. Al final, se compartió una información sobre la entrevista que saldrá el próximo lunes, del Programa Sinergia. En general, de toda la información considerada, desembocamos en una primera valoración de la dinámica y los –excesivamente- próximos resultados de la convocatoria a los Foros, pre-ocupándonos por lo que consideramos como una muy posible “oportunidad histórica perdida”. Por lo que afinamos una estrategia de incidencia ciudadana para construir una alternativa, que constructivamente, nos permitiera contar en Zacatecas, con un diagnóstico y un programa de derechos humanos, que pueda beneficiar directamente a la sociedad zacatecana.
Poniendo fin a la “pedagogía de la crueldad” que padecemos, desgranada en una cantidad interminable de historias de familias-víctimas de una violencia estructural –“institucionalizada”-, que, por ejemplo, vemos encarnadas en los casos de los familiares de personas desaparecidas, por poner este tipo de delito pluriofensivo y de carácter continuo –que no cesa hasta que se da con el paradero de la persona, o de sus restos-.
Es, a todas luces, evidente, –que- frente a la “crisis de los derechos humanos”, lo primero que necesitamos es diagnosticarla, incorporado las nuevas problemáticas a los ejes tradicionales de la agenda de defensa y protección de los derechos humanos. Y derivar, del conocimiento preciso de sus causas, el diseño e implementación de otro tipo de acciones estatales. También, desde la organizaciones sociales, civiles, y políticas, mediante iniciativas de incidencia política-ciudadana, para reflexionar -y cambiar- los modelos de seguridad. Re-articulando el conjunto de las políticas públicas, y los procesos de organización “desde abajo”, en un verdadero programa (PDH), privilegiando los problemas estructurales, las políticas públicas y las soluciones de alcance general existentes; vinculándolas a un renovado enfoque de derechos humanos, asumiendo que, de verdad, nos interesa acabar con la “inseguridad” con garantías de éxito. Y, sin que falte, la ley respectiva, que institucionalice, los órganos responsables, composición, funciones, el mecanismo de seguimiento y evaluación, y la forma de redistribuir el presupuesto según el enfoque de DH.
Avanzar hacia una democracia con derechos humanos efectivos, implica poner la mira en terminar con la corrupción y la impunidad, afirmar efectivamente el reconocimiento, salvaguarda y protección de nuestros derechos, asegurando nuestras libertades, asumiendo responsabilidades. Atacando las terribles desigualdades sociales existentes, etc.
No nos parece -en absoluto- “maximalista” lo que proponemos, al contrario, es -sensatamente- razonable; pero aún es necesario convertirlo en “sentido común”, como para que todos y todas, se lo apropien y lo impulsen desde sus propios espacios de participación e incidencia.
El Estado tiene la “obligación de adoptar medidas” (art. II de la Convención Americana), para impedir que continúen los patrones estructurales de violaciones de los derechos humanos.
Necesitamos reforzar nuestros análisis, y nuestro nivel de incidencia, sobre la “crisis de los derechos humanos”. La invitación está abierta.
