Los sindicatos tienen, por fines generales, mejorar las condiciones de trabajo de sus agremiados y defenderlos contra la arbitrariedad del patrón. El primer objetivo implica que una, cada vez mayor, fracción del presupuesto universitario, se traduce en prestaciones y alzas al salario; mientras que el segundo consiste en el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Ancilar de estos objetivos lo es establecer la unidad de los sindicalizados para mostrar fortaleza en cada negociación con la patronal. Medios de generar esa fuerza son un conjunto de regulaciones de la vida gremial que permita la resolución de conflictos internos y una amplia estrategia de educación relativa a la lucha sindical. Se puede asegurar que en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) no ha podido, en los últimos 20 años, estar a la altura de las necesidades de sus representados. La causa de esto reside en la política que han implementado los sucesivos comités ejecutivos, tal vez a partir del año 2000, de modificar la naturaleza de las relaciones entre los agremiados sin modificar los documentos constitutivos del SPAUAZ. Junto a estas acciones se introdujo una ideología acorde a la situación que dicta no modificar ninguna cláusula del contrato colectivo ni artículo alguno de los estatutos. De tal manera que sugerir la modificación de uno u otro de los ordenamientos mencionados se considera anatema, traición al gremio y rendición ante el patrón. Es cierto lo contrario: mantener la situación presente es beneficioso para la rectoría y nocivo para los miembros del sindicato. Vamos a explicar por qué. Resulta benéfico para la parte patronal tener un sindicato débil, dedicado a la solución de conflictos internos inducidos por grupos de interés, ya que esto produce desorganización e incapacidad de exigencia colectiva. La forma histórica de implantar tal situación en el SPAUAZ consistió en establecer pactos al margen de la norma y dejar de lado cualquier tipo de educación sindical. Ambas acciones se complementan: agremiados ignorantes, dóciles cual borreguitos, permiten a los grupos y facciones escenificar luchas simuladas. Así, ciertas sectas generan un discurso opositor desde donde posicionan la inmovilidad y el conservadurismo como baluartes de la defensa irrestricta del contrato, a la vez que mantienen la estabilidad política a través de pactos ilegales. Cuando se dan rompimientos entre los grupos, es decir, se violan los acuerdos extranormativos, se producen conflictos insolubles dentro del marco de la normatividad estatutaria. Esta es la dinámica subyacente a los embates del denominado “Grupo Plural” contra el comité ejecutivo del Ing. Juan José Martínez Pardo. No debe escaparse notar que la reforma a los estatutos del SPAUAZ surge, no por decisión de los sindicalizados, sino como consecuencia de determinaciones a nivel federal. Para los grupos políticos universitarios, mantener reglamentaciones caducas es dogma. Por ende, el SPAUAZ se mantiene en medio de conflictos que le impiden reorganizarse. Más aún, si de cualquier conjunto de errores se puede obtener un beneficio mediante la crítica y corrección de estos, la perpetuación de una ideología caduca (no modificar el contrato, no mover los estatutos) induce un ciclo vicioso de estancamiento. No es éste el único problema. Si acaso el sindicato logra reorganizarse, aún tiene frente a sí retos enormes. El periodo de “conquistas” de los 70 dejó endeudada a la universidad por la concurrencia de las crisis económicas de los 80 y el surgimiento del “neoliberalismo” como fórmula para hacer frente a los problemas de deuda. Esto significó el agotamiento del presupuesto universitario debido a los compromisos financieros adquiridos con la generación de 1970. No hay manera de generar más prestaciones si no crece el presupuesto. Y ya ni siquiera crece al ritmo de la inflación. ¿Cómo, pues, se podrá mejorar la vida de los docentes universitarios?, ¿qué promesas razonables se pueden hacer ante la escasez de recursos? No faltan los demagogos que prometen nuevas prestaciones disfrazadas de derechos para ocasionar conflictos y cobrar por eliminarlos. Tampoco son raros los docentes que creen esas mendacidades, lo que indica su desconocimiento del contrato. Si conseguir más presupuesto para hacerlo prestaciones es imposible, porque no hay los recursos, el cumplimiento de las cláusulas contractuales es igual de problemático. Se suele comentar, desde el interés sectario, que cumplir el contrato el asunto de “voluntad”: si no se hace es porque no se quiere. Tal “sabiduría” es falaz porque no se puede otorgar lo imposible, y varias cláusulas contractuales ya están en esa situación. De nuevo, la ausencia de educación induce a creer que sí se pueden cumplir. Por ejemplo, las cláusulas relativas a la distribución de cargas de trabajo a tiempo determinado no se pueden cumplir en sus términos. La carga de trabajo de un profesor a tiempo determinado no se puede planear con seis meses de anticipación porque está sujeta a movimientos contingentes. De hecho, esa creencia va contra la definición de docente a tiempo determinado establecida en el contrato. Aquel es, nos dice la definición, un trabajador que se contrata para situaciones extraordinarias, imprevistas, no predecibles. Contradicciones así no son raras en el contrato porque se ha modificado de manera arbitraria para saciar anhelos momentáneos. Pretender corregirlo todo en el corto plazo es ilusorio, y en el largo, estaremos muertos.
