Representantes de comunidades afectadas por la minería exigieron a legisladores e instancias del gobierno estatal y federal que se reforma la Ley Minera para que la vida, la salud y los derechos humanos sean prioritarios y estén por encima de la actividad económica extractivista.
A través de la asociación civil denominada “Cambiémosla Ya”, una comisión integrada por representantes de varias comunidades de la entidad, se planteó la necesidad de que sean eliminados los abusos y privilegios de los que goza la industria minera debido al contenido de la ley vigente.
En conferencia de prensa, la comisión de afectados por la minería, en compañía de dirigentes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), señalaron que las minas de Peñasquito, Plata Panamericana, Peñoles, entre otras, han saqueado los recursos naturales y han provocado daños incuantificables al medio ambiente, la salud y el sector agrícola.
En este sentido, Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FPLZ, acusó a los grupos mineros de “ser sujetos de despojo, devastación, y principales causantes de daños al medio ambiente”.
Sobre la asociación “Cambiémosla Ya”, comentó que su objetivo es cambiar la Ley Minera de tal forma que “que la minería deje de ser primordial respecto a la agricultura, la ganadería y las actividades forestales. Queremos que se cambie la ley minera porque los modelos de explotación de cielo abierto matan todo a su alrededor”.
Por ello, informó que se están reorganizando todas las comunidades que están siendo afectadas por las diversas minas instaladas en Zacatecas y, de inicio, se logró una reunión de trabajo con enlaces federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Hacemos el llamado a Gobierno Federal para que meta en cintura a las compañías mineras; en cuanto a las regulaciones, que sean estrictas y se actúe a favor del medio ambiente”, expresó.
Asimismo, Pinedo Hernández dijo que una primera actividad que se propuso a estas instancias fue la calendarización de visitas a cada una de las comunidades dañadas por la explotación de los recursos naturales de la región.
Por su parte, Roberto de la Rosa, defensor de la comunidad de Salaverna, Mazapil, reiteró que es necesario “cambiar la ley minera porque ha sido una fuente de castigo para todas las comunidades que están asentadas en algún lugar donde hay riqueza mineral”.
“Se busca que sea una ley que esté al servicio de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos y que se apliquen a revisar los daños que está causando la minería en nuestras comunidades, son daños al abatimiento, a los mantos acuíferos, la contaminación a la tierra y al aire”.
Asimismo, dijo que la actividad minera es un atentado en contra de la humanidad porque está acabando con las formas de vida de las comunidades, así como el recurso más elemental, que es el agua, y las fuentes de alimentación y la agricultura.
Recordó el incendio forestal del pasado 7 mayo de 2022, que se controló por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pero ahora “no hemos visto a ninguna sola persona de estas dependencias ayudar a la naturaleza para que resurja y para nosotros es muy cruel ver cómo nuestros pulmones naturales se están desbastando”.
En su participación, Sergio Vázquez Luján, presidente del ejido de Morelos, expuso que la minería ha provocado abatimiento en contra de la agricultura y ganadería en la región luego de la instalación de la mina Peñoles.
En consecuencia, refirió que las familias que viven cerca de ésta han dejado de producir en los últimos cinco años y eso les ha provocado pérdidas millonarias en el sector de la agricultura y la ganadería.
“Esta zona era altamente productiva en riego y desde los inicios de operación de la mina se afectaron directamente los acuíferos. El de Calera está sobreexplotado porque de ahí toma el recurso la Corona, Jiapaz y las industrias, y vemos que se perderá”, expresó.
Ante esa situación, mencionó que presentó a la mina proyectos “para darle vida y solucionar los problemas en las unidades de riego, sin embargo, no hay respuesta porque la empresa dice que está en paro técnico, aunque en realidad están operando”.
Asimismo, Mónico Torres Ponce, presidente comisariado ejidal de Cedros, en Mazapil, hizo un llamado al gobierno federal y estatal para atender los problemas del vital líquido y de salud de los pobladores.
“No tenemos un abastecimiento de agua para todas las familias, y de igual manera, para los que tienen sus pozos de riego, estos ya fueron afectados y agotados, además de que la devastación del medio ambiente está aumentando poco a poco y tenemos una enfermedad muy grande, que es la mina”, dijo.
Finalmente, Moisés Guerrero, de La Colorada, comunidad donde se encuentra la mina Plata Panamericana, señaló que la empresa llegó con muchas promesas de empleo y mejoras para el pueblo, “pero nos dimos cuenta tarde de todo lo que hacen”.
En este momento, dijo que la mina ha derrumbado prácticamente toda la comunidad y solamente queda la escuela y la iglesia, mientras que la gente se tiene que ir a trabajar a otros lugares porque los empleos los otorgan a personas de otros lugares, muchos de ellos extranjeros.
