La extorsión es uno de los crímenes más insidiosos que afecta a las comunidades, especialmente a aquellas en las que la economía depende en gran medida de sectores como el turismo. Quintana Roo, uno de los destinos más importantes de México, ha sido testigo de cómo este delito se ha infiltrado en todos los niveles de su economía, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios.
En este contexto, la colaboración entre el sector privado, la ciudadanía y las autoridades ha emergido como un enfoque clave para enfrentar y reducir este fenómeno. La última sesión del Foro Zacatecas: Análisis Local de Fenómenos Criminales Complejos, titulada «Alianza con la Iniciativa Privada para Disminuir el Fenómeno de Extorsión», ofreció una valiosa reflexión sobre los esfuerzos realizados en la región para erradicar la extorsión y la forma en que la colaboración intersectorial ha sido esencial para visibilizar y abordar este grave problema.
En tal encuentro estuvieron, James Tobin y Eduardo Galaviz, representantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, y Aníbal Argüello, experto en análisis criminal y consultor del CICA.
En primera instancia se explicó que la historia que motivó la creación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo comenzó con un evento trágico que tuvo lugar en Playa del Carmen, cuando un ataque violento en el club Blue Parrot resultó en la muerte de varios turistas. Esta situación, que reveló la debilidad de las autoridades locales ante la creciente inseguridad, generó una respuesta tardía e insuficiente, lo que aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales.
A raíz de esta crisis, un grupo de empresarios locales decidió tomar la iniciativa de actuar para enfrentar los crecientes problemas de inseguridad. Esta acción se materializó en la formación de una red de colaboración entre empresarios, quienes reconocieron que la situación no podría resolverse sin su participación activa y sin la cooperación con las autoridades.
La respuesta empresarial, aunque motivada por un profundo sentimiento de vulnerabilidad, se inspiró en el modelo de México S.O.S., impulsado por Alejandro Martín después de la muerte de su hijo. Este modelo buscaba cerrar la brecha entre los ciudadanos y las autoridades, fortaleciendo su relación para combatir de manera más eficaz al crimen organizado. En Quintana Roo, la situación había llegado a tal nivel de control por parte de los criminales que las playas y el acceso a las mismas eran monopolizados por grupos delictivos que imponían tarifas y suministraban drogas a los turistas. Este panorama se agravaba con las amenazas constantes de extorsión, que se habían convertido en una de las principales fuentes de ingreso ilícito en la región.
El modelo adoptado por los empresarios locales consistió en una estrategia audaz y colaborativa. En un primer paso, los empresarios decidieron contratar personal y recursos para desalojar a los criminales de las playas, un lugar fundamental para la economía de la región. Aunque esta medida fue resistida inicialmente por las autoridades, el trabajo conjunto de los empresarios y la policía logró restaurar el orden en las zonas clave. Este esfuerzo no solo implicó la recuperación de las playas, sino también la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo en colaboración con la policía turística. La introducción de carpas para la vigilancia y la denuncia activa permitió a los empresarios y ciudadanos participar de manera más directa en la prevención del delito.
Además, la lucha contra la extorsión, que se había convertido en uno de los delitos más extendidos en la región, comenzó a tomar fuerza con un notable aumento en las denuncias. Un cambio significativo en la mentalidad colectiva permitió que las víctimas de extorsión se sintieran más dispuestas a denunciar. Como resultado, las denuncias aumentaron un 200% en el último año, lo que demostró que la visibilización del problema y el apoyo de la comunidad fueron elementos cruciales para motivar la denuncia de los delitos.
Uno de los mayores desafíos en este proceso ha sido la desconfianza generalizada hacia las autoridades, un fenómeno que afecta a muchas partes de México. Para abordar este problema, los empresarios y las autoridades establecieron mecanismos alternativos para facilitar las denuncias. Se crearon plataformas digitales de denuncia y centros de atención telefónica, que ofrecieron un canal seguro y accesible para que los ciudadanos pudieran reportar delitos sin temor a represalias.
Un aspecto esencial de su trabajo ha sido la modificación del Código Penal de Quintana Roo para que la extorsión fuera perseguida de oficio, permitiendo sanciones más severas y un control más efectivo de los grupos criminales. Esta medida fue un paso importante para garantizar que las extorsiones no quedaran impunes, lo que motivó a más personas a confiar en el sistema de justicia.
La tecnología y el análisis de datos se han convertido en herramientas fundamentales para comprender y combatir la extorsión de manera efectiva. En este sentido, se ha permitido a los investigadores identificar patrones de conducta en las extorsiones, tales como los números telefónicos utilizados por los criminales, las zonas geográficas más afectadas y los momentos del año con mayor incidencia.
El esfuerzo conjunto de empresarios, autoridades y ciudadanos en Quintana Roo ha demostrado que la colaboración intersectorial es una de las claves para enfrentar los fenómenos criminales, como la extorsión. Aunque los avances son significativos, el trabajo continúa.
La participación activa de la comunidad y el uso de tecnologías avanzadas seguirán siendo esenciales para desarrollar estrategias más eficaces en la lucha contra la extorsión y otros delitos. La experiencia de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo nos enseña que, en la lucha contra el crimen, la corresponsabilidad y la perseverancia son fundamentales para generar un cambio positivo a largo plazo.