En un momento crítico para nuestro país, cuando la violencia y la impunidad parecen estar ganando terreno, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha dado un paso importante para garantizar que México avance hacia una justicia más efectiva y equitativa. Ayer en la Cámara de Diputados discutimos la ampliación el catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa como una medida urgente que fortalece la lucha contra el crimen organizado y responde de manera efectiva a las necesidades de seguridad de las y los mexicanos.
Esta modificación no solo es una respuesta a la necesidad de millones de ciudadanos que viven el día a día bajo la amenaza de la delincuencia, sino que también se ajusta a una política pública coherente con la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración de Sheinbaum: una lucha decidida contra la corrupción, la impunidad y los privilegios que por tanto tiempo han dominado el sistema judicial y han dejado impunes a quienes dañan a la sociedad.
Es fundamental recordar que la principal amenaza que enfrenta México hoy no es solo la delincuencia común, sino las estructuras del crimen organizado que operan con total impunidad gracias a la corrupción y a un sistema de justicia que no ha sido capaz de poner un freno efectivo a la violencia. Es precisamente contra estos grupos, que se alimentan de la corrupción y de la debilidad del sistema judicial, contra quienes debemos actuar con firmeza.
Esta reforma no es un capricho ni una medida populista, es una respuesta coherente con la realidad de un país que enfrenta a actores criminales cada vez más poderosos. La prisión preventiva oficiosa busca asegurar que quienes son señalados por cometer estos delitos no puedan evadir el proceso judicial, protegiendo así tanto a las víctimas como a la sociedad en general. No se trata de encarcelar a cualquier persona sin pruebas, sino de garantizar que, ante la gravedad de los delitos, se tomen las medidas necesarias para que los acusados no puedan eludir la justicia ni afectar más a la población.
Es importante destacar que esta reforma respeta los principios fundamentales del Estado de derecho y los derechos humanos. No se trata de un acto arbitrario, sino de una medida cautelar que solo se aplica en circunstancias muy específicas, como cuando el imputado tiene antecedentes por delitos graves o cuando su liberación podría poner en peligro la investigación, las víctimas o la sociedad en general. Además, es una medida que se da en el contexto de una lucha constante por mejorar el sistema judicial y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Como Diputado Federal, voté a favor de esta reforma porque significa votar por la seguridad, la justicia y la prosperidad de México. Es votar a favor de un país donde la ley se respete y donde los criminales no puedan actuar impunemente. No tengamos miedo de tomar decisiones difíciles, porque solo así podremos garantizar un futuro mejor para nuestras hijas y nuestros hijos, para todos los ciudadanos de este país.
