“El outsourcing es una práctica que da empleo a más de 4.6 millones de personas”

■ Lamentable, que AMLO esté buscando criminalizar esta forma de trabajo: líder de Coparmex

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■ Todos los subcontratos se hacen de manera legal y el gobierno se beneficia también de ello

“Es preocupante que el presidente de la República esté buscando criminalizar una práctica que da empleo a poco más de 4.6 millones de personas, y de la que incluso se benefician dentro de todos los niveles de gobierno”, afirmaron presidentes de cámaras como Coparmex y CMIC luego de que Andres Manuel López Obrador asegurara que es momento de “poner orden” al outsourcing.

Para Alejandro Enríquez Suárez del Real, presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llevar a cabo este proyecto en este momento sería dejar en situación de vulnerabilidad a millones de mexicanos, pues con el pésimo manejo de la contingencia, la economía de las familias ya ha sido golpeada de gravedad y esto sería otro golpe del que muy difícilmente se podrían recuperar.

REPRESENTANTES DE CÁMARAS BUSCARÁN TENER DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES

Pascual González, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseguró que esto condenará a la industria de la construcción, ya que ésta depende de gran manera de los empleos por su contratos en todos los proyectos que se realizan, por lo que sería mejor buscar una manera de sancionar a quienes no realizan estos contratos como lo manda la ley, en lugar de criminalizar a todos los que ofrecen este tipo de empleo, “porque al final del día son el sustento de muchas familias mexicanas”.

“En el sector de infraestructura es difícil que una sola empresa tenga a los trabajadores necesarios para realizar un proyecto completo, el outsourcing es necesario a la hora de completar hasta los proyectos más sencillos”. En el estado, Pascual González Ramírez, presidente de la CMIC, se ha encargado de que todos los subcontratos cumplan con todos los requisitos de la ley y aunque siempre hay espacio para mejorar las cosas, parece innecesario apoyar un proyecto como el que el presidente de la República está impulsando.

Es posible que se pueda regular la manera en que se llevan estos procesos sin afectar a tantas personas, pues la mano de obra es quien más se beneficia del outsourcing y es posible que de esta manera miles de zacatecanos dejen de tener empleo, dejándolos en situaciones de vulnerabilidad, y a muchas empresas sin posibilidad de completar sus proyectos.

A pesar de que muchas empresas puedan tener suficientes empleados, a veces necesitan colaborar con alguien que pueda ofrecer el servicio de maquinaria y viceversa, por lo que el llamado a las autoridades encargadas es revisar este proyecto y realizar una mesa de diálogo con los diferentes sectores que podrán ser afectados, pues no se puede medir a todos con los mismos estándares. La CMIC ya se encuentra buscando un acercamiento con el presidente para llegar a algún acuerdo.

“El outsourcing ya está establecido de manera legal e incluso el gobierno se beneficia también de ello, sin embargo no es la primera vez que López Obrador atenta contra de los derechos laborales de los mexicanos; lo hizo también cuando decidió reducir el aguinaldo de los trabajadores del Gobierno Federal”, aseguró Suárez del Real.

Pero lo que más le preocupa es que no se ha interesado en establecer un diálogo con todas las partes involucradas, desde el trabajador hasta los patrones, para lograr entender las condiciones en las que se dan los subcontratos, pues todos se dan de manera legal y parece que se busca criminalizar a quienes cumplen de manera puntual con sus responsabilidades fiscales y no a aquellos que lo hacen desde la ilegalidad.

El llamado que hace Suárez del Real es a que las autoridades comiencen a gobernar para todos y que mantengan sus promesas de mantener el diálogo y ver por las necesidades de los sectores más vulnerables, que al final del día son quienes han sido más afectadas por este proyecto y quienes han llevado las consecuencias de la semaforización de la pandemia que obliga a paralizar la economía, en lugar de buscar acciones efectivas que mantengan la economía a flote y haga la paz con las medidas de sanitización.