En un conversatorio rumbo al 28 de septiembre, la activista Emilia Pesci ofreció una visión profunda sobre los desafíos y avances en la despenalización del aborto en Zacatecas, abordando temas cruciales sobre la legislación y el acceso a los servicios de interrupción del embarazo.
Inició su intervención abordando la definición de aborto seguro, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la cual, un aborto seguro es aquel que se realiza con la información adecuada y acceso a servicios médicos competentes, protegiendo así la salud física y mental de las personas involucradas. Este concepto es esencial para garantizar que el aborto no solo sea legal, sino también seguro y accesible para todas las personas.
En México, el aborto se clasifica en interrupción legal del embarazo (ILE) y aborto inducido. Pesci subrayó que, aunque el aborto sigue siendo un tema controvertido, es fundamental que las leyes garanticen el acceso a servicios de salud adecuados. Citó el caso de la Ciudad de México, donde la legalización del aborto desde 2007 no ha llevado a un aumento en la tasa de abortos ni en la mortalidad materna, demostrando que la legalización puede ser efectiva sin efectos adversos en la salud pública.
También hizo un recorrido histórico por la legislación en México, señalando que la penalización del aborto ha sido un tema debatido desde 1936. La sentencia de 2021 de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la penalización del aborto fue un hito importante. Esta decisión se basó en el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a decidir sobre el número de hijos, afirmando que la interrupción del embarazo es un derecho reproductivo fundamental.
En Zacatecas, a pesar de las iniciativas presentadas desde 2007 para legalizar el aborto, estas han sido bloqueadas por diversos factores, incluyendo la influencia de intereses políticos y religiosos. La más reciente iniciativa, presentada en 2022 por el Movimiento Feminista de Zacatecas, enfrenta dificultades debido a la resistencia legislativa y la fuerte influencia de la Iglesia en la política local.
La activista también abordó la importancia de asegurar el acceso al aborto en casos de agresiones sexuales. La norma oficial mexicana establece que el Estado debe ofrecer servicios de interrupción del embarazo a víctimas de violación. Sin embargo, Pesci denunció la falta de cumplimiento y el maltrato que algunas mujeres enfrentan en los hospitales cuando intentan acceder a estos servicios.
En cuanto al contexto actual en Zacatecas, destacó que el Movimiento Feminista continúa luchando por la reforma del Código Penal para permitir el aborto hasta la semana 12 de gestación. Aunque la sentencia de la Suprema Corte debe ser acatada, persisten desafíos y resistencias que deben ser superados para garantizar el acceso efectivo y equitativo al aborto en el estado.
Pesci enfatizó la necesidad de reformas en la Ley de Salud y la importancia de asegurar que se destinen los recursos necesarios para brindar servicios adecuados. A pesar de la existencia de un protocolo emitido por el gobierno de México que establece criterios para la atención médica en materia de salud reproductiva, argumentó que se necesita un mayor compromiso para implementar estos criterios de manera efectiva.
Finalmente, hizo un llamado a la movilización social y a la presión legislativa para garantizar que la reforma del Código Penal se lleve a cabo. Subrayó que es fundamental que las personas y organizaciones comprometidas con los derechos reproductivos sigan luchando para asegurar que la legislación refleje verdaderamente los derechos y necesidades de todas las personas en Zacatecas y en México en general.
