Otros hallazgos interesantes que destacan del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2023, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), está un incremento impresionante de 221% en las denuncias interpuestas ante las administraciones locales, en materia de responsabilidades administrativas; este aumento puede ser derivado de nuevos mecanismos de recepción de denuncias en diferentes ámbitos desde lo local, ya sea a través de buzones electrónicos, sistemas de denuncia promovidos por los sistemas locales anticorrupción o por los propios órganos internos de control.
El estudio también demuestra la imperante necesidad que hemos venido aquí proponiendo de someter a un análisis de diseño e implementación al sistema nacional anticorrupción y sus instancias, comenzando por los órganos internos de control. Lo anterior queda claro al estudiar los datos que dan muestra del trámite de investigaciones derivadas por presunta responsabilidad administrativa: se iniciaron 78, 355 investigaciones; se concluyeron 36,982, de las cuales solo una tercera parte aproximadamente (34.4%) implicaron la presentación del informe de presunta responsabilidad (IPRA) para continuar en la siguiente etapa, mientras que casi dos tercios terminaron con el acuerdo de conclusión y archivo del expediente (63.1%).
Ello desde luego no implica, ni significa necesariamente ni carencias ni deficiencias, dado que las razones pueden ser múltiples (denuncias sin fundamento, investigaciones que no permiten dar con elementos de que se cometió la falta administrativa denunciada, entre otras), pero sí, el análisis: el estudio de fondo a la dinámica en la que se ha venido desarrollando e implementando nuestro sistema de rendición de cuentas en México.
Por otro lado, y también hay que mencionarlo, tenemos un incremento del 22.6% en personas servidoras públicas sancionadas por faltas administrativas, en comparación con el año anterior (2021). A nivel nacional hablamos de 6,292 servidoras y servidores públicos sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas. Siendo el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes y Zacatecas los cinco estados con más personas sancionadas.
De los tipos de sanciones la más recurrida es la amonestación privada, con un 52.1%, seguida de la inhabilitación temporal, con 1,272 casos a nivel nacional. Los datos también demuestran que sigue siendo un pendiente la sanción en materia económica que hoy permite la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 84, tercera fracción, pues solo hubo un .07% de sanciones en este sentido, llegando apenas a 46 del total de las 6, 336. Entidades como Zacatecas han comenzado a impulsar más este tipo de sanción, que repare en parte el daño a la Hacienda Pública en caso de haberlo. En el otro ámbito, el penal, en 2022, 411 personas del servicio público fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, lo que, a su vez, representó una disminución sustancial del 69.7%, es decir, más de dos tercios.
Las administraciones públicas estatales son tan variopintas como nuestra diversidad regional, que entre éstas exista comunicación e interacción, a través de sus sistemas anticorrupción y que a partir de ahí se exploren las mejores prácticas, basadas en la experiencia, los indicadores, los resultados e impactos, resulta cada día más necesario y evidente para que se homologuen criterios, y las tareas de buen gobierno se entiendan desde una perspectiva sistémica, no aislada, sino articulada, en la lógica de la colaboración constante y la coordinación a partir de las instancias que instaló la reforma que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
@CarlosETorres_
