Debo advertir como introducción a esta participación editorial que escribo con una total ignorancia sobre el manejo de recursos humanos y que carezco de experiencia en torno a aspectos técnicos relativos al manejo de nóminas, sin embargo durante la semanas que anteceden y seguramente en lo sucesivo se ha desatado un sano, aunque no serio, debate en torno a los salarios de los funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas, especialmente lo que tiene que ver con los conocidos como bonos o estímulos de productividad.
Creo que ha llegado el momento en que en México deliberemos con seriedad, transparencia y objetividad el asunto de los sueldos de nuestros funcionarios públicos. De entrada yo me pronuncio por un mecanismo que le permita a los servidores públicos con altos rangos de responsabilidad, percibir un monto que les sea redituable y que a su vez, les permita hacer frente a las inherentes consecuencias del ejercicio del cargo.
De entrada soy de los que piensan que el servicio público merece, exige, profesionalizarse a través de una reforma sustancial de la actividad burocrática no solo en México, sino en América Latina en general; aún arrastramos la herencia española de la concepción del Estado, con todo y sus vicios (como el patrimonialismo como ejemplo), y con ello una evidente ineficiencia, que nos ha llevado a cosas como el extravío de renunciar a las empresas estatales para, declinando el reto de volverlas eficientes, entregarlas al capital privado, haciendo de todas sus potenciales rentas, ganancias para unos cuantos.
También creo que ha quedado claro que el modelo de gestión pública, en una imitación extraña a la gerencia privada, no ha resuelto de todo los temas y que la asimilación del ciudadano como cliente ha resultado insuficiente. Hoy la función pública exige un esquema distinto, de coparticipación, misma que solo se puede lograr a partir de mutua confianza, y para ello, claro está, es exigible e indispensable la transparencia.
No se queda ahí, la propia dinámica de evaluación de los resultados de todo gobierno, pasa por la participación seria y sustancial de la ciudadanía. Haré hincapié en ello pues es un punto peligroso para la estabilidad y solidez institucional: la percepción de la eficiencia de los gobiernos en estos tiempos, es más bien negativa y de cierta manera contagiosa en un sentido no del todo cierto. Derivado de una dinámica acelerada de cambios, transformaciones y fenómenos aglutinados, las respuestas institucionales parecieran no lograr dar satisfacción a las sociedades en todo el mundo; sí de por sí el ciudadano común siempre ha desconfiado de los gobernantes, la aldea global ha dinamitado la sensación de no sentirse representados y tampoco atendidos en las necesidades y demandas más sentidas para la población. No con ello quiero descalificar un sentimiento de decepción que es ampliamente compartido (y que suscribo) por escándalos de corrupción y desatinos acumulados, sino más bien en referencia a asuntos en los que los datos contradicen la opinión pública, o a aquellas decisiones impopulares pero necesarias que por su complejidad, aunada a la desconfianza y falta de credibilidad, resulta casi menos que imposible de lograr un convencimiento respecto de la responsabilidad al ser tomadas.
Voy al punto que da título a este texto: sugiero (con la inexperiencia e ignorancia ya asumidas y preestablecidas) que a los funcionarios públicos de primer nivel se les pague por bonos de productividad ¿Cómo es esto? Generando un rígido, confiable, técnico y transparente sistema de indicadores relacionado coherente y consistentemente con las atribuciones que la normatividad les otorga. Pongamos un ejemplo hipotético: de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración, la Secretaría X, tiene veinte distintas atribuciones; dado que no todas tienen el mismo impacto y nivel de responsabilidad, pongámosle, en este ejemplo que exagera la simpleza, a las primeras diez un monto por cinco mil pesos y a las últimas uno por tres mil pesos; si de acuerdo al sistema de indicadores, el titular de la Dependencia X, cumple con todas, recibiría mensualmente una suma total de ochenta mil pesos; claro que si solo lo hace con la mitad de la respectiva clasificación anterior, solo recibiría cuarenta. Ello, supongo, estimularía el nivel de profesionalización, entrega y atención a las obligaciones que la ley les otorga.
Para ello se requiere claro es, un Sistema Evaluador confiable para todos. Mismo que está diseñando y proponiendo la Coordinación Estatal de Planeación ya. Estoy seguro que esta idea no es para nada novedosa, y que seguramente ha fracasado en otros momentos, sin embargo, con una implementación distinta, que conlleve la coparticipación y la seriedad, así como un diseño técnico mejorable y transparente, podría funcionar.
Cierro: no defenderé mucho esta propuesta. Es, reitero, muy básica y pudiera carecer de total viabilidad pues el que escribe no es experto en este asunto.
@CarlosETorres_
