Quito. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el viernes una polémica ley de comunicación que regula contenidos relacionados con violencia e implementa sanciones para los periodistas y medios, lo que ha despertado preocupación de varios organismos internacionales y opositores.
La norma legal, planteada por el movimiento político que apoya al presidente Rafael Correa, fue aprobada en diferentes votaciones y tuvo el respaldo de entre 108 y 110 asambleístas de los 135 presentes en la reunión del Poder Legislativo, tras casi cuatro años de debate.
Correa ha tenido tensas relaciones con diarios y canales de televisión privados en sus seis años de gestión y ha insistido en la urgencia de contar con un marco legal para ordenar a los medios de comunicación.
El popular mandatario ha calificado a los medios como «sicarios de tinta» y «bestias salvajes» y los considera un fuerte poder económico, ubicándolos dentro de sus mayores opositores.
La ley plantea la creación de un consejo de regulación, integrado en su mayoría por representantes del sector público, que deberá regular el contenido de los medios relacionados con violencia o que sean discriminatorios.
El mismo consejo impondrá sanciones para los medios que difundan estos contenidos o periodistas que comentan infracciones determinadas en la ley, que van desde disculpas públicas hasta demandas judiciales, pasando por fuertes sanciones económicas.
«Marca un hito, un antes y una después en la historia de la comunicación y en el acceso a la información de los ecuatorianos», dijo sobre la ley la Secretaria de Gestión de la Política, Betty Tola, a un medio público.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Unesco han expresado su preocupación por los cambios legales impulsados por el movimiento oficialista y el Gobierno, lo que ha desatado fuertes críticas de Correa en contra de estos organismos internacionales.
Reparto de frecuencia
La vigencia de una nueva ley de comunicación fue respaldada por los ecuatorianos cuando aprobaron la nueva Constitución de orientación socialista en 2008, pero el oficialismo no había logrado su aprobación hasta ahora, debido a los duros cuestionamientos de la oposición.
«Nadie puede negar que se requieren de políticas y directrices porque debemos sujetarnos a la Constitución, pero eso no significa limitar los derechos», dijo el asambleísta opositor Henry Cucalón, quien junto a otros opositores se amordazaron durante el debate como rechazo a la ley.
El nuevo marco legal además incluye el concepto de «linchamiento mediático» para prohibir la difusión de información para desprestigiar a una persona o empresa, o reducir su credibilidad pública.
También plantea la redistribución de frecuencias de radio y televisión, en un intento por promover la «socialización y democratización» de la comunicación en la nación sudamericana.
Por lo que las frecuencias deberán repartirse en partes iguales entre medios públicos, privados y comunitarios, aunque respetando los contratos vigentes con radios y canales de televisión.
Para la organización Reporteros Sin Fronteras la ley de comunicación tiene algunos aspectos destacables, como el principio de equidad y la prohibición de la censura previa por parte de autoridades o funcionarios públicos, pero hay algunos artículos que considera peligrosos.
«Desafortunadamente ciertas cláusulas de la ley hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que ésta busca garantizar», agregó el organismo en un comunicado.