El conflicto por el acopio y compra de frijol en Zacatecas ha vuelto a escalar. Lo que comenzó como una exigencia legítima de productores inconformes por la falta de claridad en la operación del programa federal de precios de garantía, hoy parece avanzar peligrosamente hacia otro terreno: el de la confrontación político-electoral. Y eso modifica completamente la naturaleza del problema.
Porque una demanda social puede sostener su legitimidad mientras conserve claridad en sus objetivos y autonomía frente a los intereses partidistas. Sin embargo, desde la sociología política existe una advertencia constante: cuando los partidos intentan apropiarse de una causa social, muchas veces terminan contaminándola, radicalizándola o desviándola de su propósito original. Eso es justamente lo que comienza a percibirse en Zacatecas.
Los productores tienen razones válidas para exigir transparencia, reglas claras y certidumbre en la comercialización del frijol. Negarlo sería irresponsable. El problema no desaparece porque el discurso oficial lo minimice, ni tampoco porque algunos actores intenten convertirlo en bandera política. Existe un malestar real en el campo zacatecano y sería un error no reconocerlo. Pero también resulta inevitable preguntarse en qué momento la protesta dejó de concentrarse exclusivamente en resolver el problema del acopio para convertirse en una dinámica de tensión permanente.
El pasado sábado, agricultores inconformes intentaron impedir la realización de un concierto por el Día de las Madres, lo que derivó en confrontaciones con elementos de la policía estatal. Semanas antes ya existía la amenaza de boicotear el Festival Cultural Zacatecas. Días atrás, además, fueron incendiadas bodegas de Alimentación para el Bienestar después de una manifestación, sin que hasta ahora exista claridad sobre las causas o los responsables. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo ayuda impedir conciertos, amenazar festivales o incendiar bodegas a resolver la falta de transparencia en la operación de un programa público? Porque una cosa es ejercer presión política y otra muy distinta sustituir la exigencia social por la lógica del desgaste institucional.
La movilización del pasado lunes, convocada después de los enfrentamientos con la policía estatal y las detenciones de estudiantes y maestros, tuvo inicialmente un componente social entendible: el involucramiento de jóvenes universitarios en asuntos públicos. En tiempos donde la apatía domina buena parte de la vida pública nacional, cualquier despertar ciudadano merece atención. Hasta ahí, el movimiento mantenía un alto nivel de legitimidad.
El problema comenzó cuando aparecieron los actores políticos de siempre. La presencia abierta del alcalde capitalino, de extracción panista, acompañado incluso de personal de su administración, terminó por introducir un componente electoral que contaminó innecesariamente una demanda que originalmente pertenecía a los productores. Más aún cuando los ataques políticos comenzaron a concentrarse casi exclusivamente contra la Secretaría General de Gobierno y particularmente contra su titular, convertido desde hace meses por la propia narrativa pública y por la oposición en candidato permanente a distintos cargos de elección. Resulta llamativo que, en medio de las críticas, poco o nada se mencione a la Secretaría de Seguridad Pública, responsable operativa de la corporación policial desde hace más de dos décadas. La discusión dejó de girar únicamente alrededor del conflicto del frijol para comenzar a insertarse en una lógica de posicionamientos políticos rumbo al 2027.
Y es ahí donde las dudas comienzan a crecer. Porque cuando estructuras partidistas empiezan a acompañar movilizaciones sociales con tanto entusiasmo; cuando funcionarios convierten protestas en plataformas de posicionamiento político; y cuando incluso gobiernos estatales de oposición anuncian compras de frijol en medio del conflicto, resulta inevitable pensar que detrás de la indignación social también existen cálculos electorales.
Las causas sociales pierden fuerza cuando dejan de pertenecerle a la gente y comienzan a pertenecerle a los partidos. Ese es el verdadero riesgo. Mientras el debate público se consume entre confrontaciones, protagonismos y discursos electorales, miles de productores que no participan en estas movilizaciones continúan exactamente igual: enfrentando incertidumbre, bajos ingresos y ausencia de soluciones estructurales.
Porque al final, la rapiña política suele tener una característica muy particular: utiliza el dolor social como escenario, pero rara vez resuelve el problema de fondo. Y quizá esa sea la tragedia más recurrente de la política mexicana: las causas legítimas casi siempre terminan atrapadas entre la deficiente operación gubernamental y el oportunismo electoral.
