Pues bien, en el caso de los gobiernos locales estos signos se aplican con los servicios que son obligación de dicho nivel de gobierno: agua, manejo de residuos, seguridad, alumbrado de calles y espacios urbanos. En todos los temas hemos pasado, al menos, por propuestas de privatización o de experiencias efectivas de este fenómeno. El enfoque del Derecho a la Ciudad es la idea opuesta a la tendencia privatizadora de lo público. Cuando un servicio se convierte en mercancía deja de ser un derecho. El derecho a la ciudad implica que los servicios que ofrece la misma no son mercancías. Ciudadanía es sinónimo de inclusión y libre acceso. El cobro del uso de espacio es una manera de discriminar. Pero lo peor del caso es cuando una empresa privada hace usufructo de las ventajas mercantiles de esa discriminación. Es la suplantación de lo público. Se extiende la lógica del Centro Comercial: la ciudad se convierte en un gran ‘shopping mall’. Todo mundo ‘puede’ entrar y ser cliente de lo que ahí se ofrece. El ciudadano pasa a ser un cliente. Los espacios los dona el gobierno para que empresas privadas ofrezcan sus mercancías y los que tengan dinero cubran sus necesidades. ¿Y aquellos que no tienen para comprarlas? Pues pasan a los cinturones de la marginación. A ser objeto de la caridad si bien les va. La des-ciudadanización de la ciudad. El problema es el avance de esa tendencia. Los ciudadanos sobre la base de lo público tenemos derecho a construir mejores ecologías urbanas, si deja de ser ‘público’ el derecho a esos ecosistemas queda borrado. La actual administración del municipio de la capital ha cambiado de orientación, comenzó con un interesante proyecto de ‘ciudad del conocimiento’ (el cual está olvidado) y ahora vemos su entrega a esta tendencia negra de la que hablamos. ¿En qué estamos convirtiendo la ciudad?
A dónde va Zacatecas: ¿derecho a la ciudad o shopping mall?

Pues bien, en el caso de los gobiernos locales estos signos se aplican con los servicios que son obligación de dicho nivel de gobierno: agua, manejo de residuos, seguridad, alumbrado de calles y espacios urbanos. En todos los temas hemos pasado, al menos, por propuestas de privatización o de experiencias efectivas de este fenómeno. El enfoque del Derecho a la Ciudad es la idea opuesta a la tendencia privatizadora de lo público. Cuando un servicio se convierte en mercancía deja de ser un derecho. El derecho a la ciudad implica que los servicios que ofrece la misma no son mercancías. Ciudadanía es sinónimo de inclusión y libre acceso. El cobro del uso de espacio es una manera de discriminar. Pero lo peor del caso es cuando una empresa privada hace usufructo de las ventajas mercantiles de esa discriminación. Es la suplantación de lo público. Se extiende la lógica del Centro Comercial: la ciudad se convierte en un gran ‘shopping mall’. Todo mundo ‘puede’ entrar y ser cliente de lo que ahí se ofrece. El ciudadano pasa a ser un cliente. Los espacios los dona el gobierno para que empresas privadas ofrezcan sus mercancías y los que tengan dinero cubran sus necesidades. ¿Y aquellos que no tienen para comprarlas? Pues pasan a los cinturones de la marginación. A ser objeto de la caridad si bien les va. La des-ciudadanización de la ciudad. El problema es el avance de esa tendencia. Los ciudadanos sobre la base de lo público tenemos derecho a construir mejores ecologías urbanas, si deja de ser ‘público’ el derecho a esos ecosistemas queda borrado. La actual administración del municipio de la capital ha cambiado de orientación, comenzó con un interesante proyecto de ‘ciudad del conocimiento’ (el cual está olvidado) y ahora vemos su entrega a esta tendencia negra de la que hablamos. ¿En qué estamos convirtiendo la ciudad?