El movimiento ciudadano impulsor de la consulta popular para la revocación de mandato del gobernador David Monreal Ávila, emitió un comunicado en el que denuncia una serie de irregularidades y dificultades que, aseguran, han obstaculizado el proceso y, por ende, en sus palabras, “lo echaron a perder”.
Uno de los principales argumentos expuestos por la Red de Ciudadanos por la Revocación de Mandato es que la Ley de Revocación de Mandato nació “viciada de origen”. Explicaron que la reforma a la Constitución federal en materia de consulta popular, publicada el 20 de diciembre de 2019, estableció un plazo de 18 meses para que los estados adaptaran su legislación. Sin embargo, en Zacatecas, la Ley de Revocación de Mandato fue aprobada hasta el 8 de mayo de 2024, casi cinco años después de la reforma constitucional, y no fue publicada por el Ejecutivo estatal sino hasta septiembre del mismo año.
Asimismo, los formatos físicos necesarios para la recolección de apoyos fueron enviados el 14 de septiembre, 11 días después de que la red presentó su solicitud formal, y la aplicación móvil se habilitó hasta el 18 de septiembre. Además, los lineamientos oficiales para llevar a cabo esta actividad llegaron por correo electrónico el 24 de octubre. Los promotores señalaron que este desfase acumulado les hizo perder aproximadamente dos meses de trabajo.
A su vez, la Red Ciudadana acusó al gobierno estatal de realizar acciones para impedir la participación ciudadana, entre estas acciones, señalaron que servidores de la nación habrían advertido a beneficiarios de programas sociales que, si firmaban a favor de la revocación de mandato, podrían perder dichos apoyos. Del mismo modo, en la conferencia de prensa, señalaron que servidores de la nación estaban retirando credenciales y diciendo que serán regresadas después del 12 de diciembre.
Además, señalaron dos incidentes específicos en los que acusan a autoridades de agredir a integrantes del movimiento. El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando un representante de la Red, Eduardo Goitia Martínez, fue presuntamente detenido por la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) mientras realizaba actividades en el Portal de Rosales. Sobre este caso, mencionaron que se realizará un proceso especial sancionador, el cual, está en proceso y mencionaron que el instituto electoral llamó al gobernador David Monreal, al director del área jurídica y a los policías presentes en el momento de los hechos a declarar.
El segundo tuvo lugar el 30 de noviembre, cuando afirmaron que funcionarios estatales les robaron una lona y un megáfono en el mismo lugar, supuestamente para evitar que continuaran con sus actividades al paso del gobernador por la zona. Mencionaron que ya se realizó la denuncia penal sobre este robo.
También señalaron el hecho de que el secretario de seguridad pública, acudió a una mesa de recolección de firmas en el municipio de Villanueva y les dijo “póngase a trabajar, huevones”. Asimismo, se aseguró que tránsitos y policías estatales acudieron a diferentes mesas de recolección a tomar fotos.
A pesar de los obstáculos, los promotores destacaron el apoyo significativo de la ciudadanía en varios municipios, según una encuesta del grupo B15. En Fresnillo, el 74.6% apoyó la revocación, en Guadalupe el 81.8%, en la capital del estado el 78.5%, en Sombrerete el 67.5%, en Río Grande el 73.0% y en Jerez el 77.1 por ciento.
Los promotores señalaron que, a diferencia de otros procesos de revocación de mandato, el gobierno no fue promotor, sino represor del mismo, indicando que “si estuvieran seguros de que el gobernador está haciendo todo bien, lo habrían promovido”. Aclararon que su objetivo no es afectar al gobernador, sino promover el uso de la revocación de mandato como un ejercicio democrático.
Finalmente, los promotores solicitaron reformas a la legislación estatal para reducir el porcentaje de firmas requeridas al 3% del listado nominal, como lo establece la legislación federal, y disminuir al 30% la participación mínima para que los resultados sean vinculantes. También propusieron que las consultas populares se realicen junto con los procesos electorales para fomentar una mayor participación.
