La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de manera preventiva a todo el personal directivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por presuntos actos de corrupción en la resolución de juicios laborales, que involucrarían a una “posible red de traficantes de influencias” que lucraba con las indemnizaciones de empleados despedidos.
Con un mensaje difundido en redes sociales, el titular de la SFP, Ernesto González Romo, informó que durante meses se recibieron e investigaron denuncias sobre una posible red en la que abogados y funcionarios se coludían para retrasar procesos, inflar montos de indemnización y dictar laudos no conforme a derecho, sino a acuerdos previos.
En estos casos, ejemplificó, el trabajador despedido no recibía la mayor parte del pago, que se repartía entre los litigantes y el personal implicado.
La suspensión no es punitiva, sino que tiene el objetivo de preservar pruebas y garantizar que el servicio continúe sin irregularidades, indicó González Romo subrayando que “no todos los suspendidos son responsables” y que, conforme avance la investigación, algunos podrán reincorporarse.
“En los casos más graves, en particular un par de peces gordos, iremos no solamente a la vía administrativa, sino al siguiente paso, que es la penal”, advirtió.
En entrevista, precisó que las fases del procedimiento empiezan con la notificación de la suspensión; después, un plazo de cinco días para que los directivos separados colaboren con la investigación y accedan a beneficios legales, que incluyen retirarles los procedimientos si acreditan no haber participado en irregularidades y aportan pruebas útiles.
Los beneficios aplicarán a quienes hayan sido “espectadores” de los hechos y proporcionen elementos de convicción, detalló.
Concluido ese plazo, se evaluará cuántos colaboraron y qué nuevos elementos de prueba se reunieron; a partir de ello se pedirá a la Secretaría General de Gobierno que designe autoridades suplentes (personal limitado) y se instalará una mesa para ir conciliando los asuntos pendientes.
Precisó que la JLCA solo atiende expedientes ingresados antes de 2018, año en que la reforma laboral trasladó los nuevos casos al Centro de Conciliación Laboral y a los tribunales laborales, por lo que todos los asuntos son de hace más de cinco años y el más antiguo data de hace una década.
Al finalizar la investigación, en un plazo de dos días se determinará quién será reincorporado, quién enfrentará procedimiento administrativo por omisiones y quién será procesado penalmente por actos deliberados de corrupción, tráfico de influencias o cohecho.
El secretario no descartó que se encuentren vínculos con el Tribunal Laboral Burocrático, que de confirmarse se turnarán a su órgano interno de control.
González Romo destacó que es la primera vez que en Zacatecas se suspende en bloque a la dirección de una dependencia. Recordó que la JLCA depende de la Secretaría General de Gobierno, pero tiene autonomía operativa, y agradeció la “responsabilidad y el trato respetuoso” del titular de esa dependencia.
Llamó a trabajadores y ciudadanos a formalizar denuncias y aportar pruebas para combatir la corrupción: “No queremos perjudicar a nadie que se dedique a trabajar de forma honesta; vamos con todo en contra de quienes han traicionado la confianza de la ciudadanía”.
“Creemos que este puede ser un caso ejemplar de lucha en contra de la corrupción, no solamente en Zacatecas, sino que además puede ser una muestra a nivel nacional”, concluyó.
