Con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados no logró la mayoría calificada y se rechazó la iniciativa en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para aprobar la propuesta se requerían al menos 329 sufragios favorables; sin embargo, 47 de 49 legisladores del Partido del Trabajo (PT) y 52 de 62 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dieron la espalda a Morena en el intento por racionalizar el presupuesto de los organismos electorales y de los partidos políticos, así como por subsanar el déficit de legitimidad que desde hace años acompaña a los legisladores de representación plurinominal.
En cuanto a la vigencia de la coalición gobernante de cara a las elecciones intermedias de 2027 y otros comicios venideros, el rol opositor jugado por PT y PVEM podría interpretarse como una ruptura con el proyecto de nación que suscribieron al conformar la alianza “Sigamos Haciendo Historia”. De ahí que no resulte descabellado pensar que Morena valore competir sin las siglas que lo han acompañado desde 2018. A esta posibilidad abonan declaraciones destempladas de algunos liderazgos petistas que, en lugar de dirimir diferencias en el marco de una alianza política, han optado por descalificar a sus propios socios. No obstante, todo indica que a nivel nacional el desencuentro será procesado como un sobresalto pasajero en una relación que durante siete años ha sido, en términos generales, firme y funcional.
El revés legislativo adquiere además una dimensión regional que no puede soslayarse. En estados como Zacatecas, donde ya comienzan a perfilarse las disputas por la gubernatura rumbo a 2027, la postura de algunos actores políticos podría tener consecuencias electorales. Tal es el caso del diputado federal Carlos Puente Salas, dirigente del PVEM, y de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, figura relevante del PT. Ambos han sido mencionados como posibles aspirantes a gobernar la entidad, pero la negativa de sus partidos a respaldar una reforma que contaba con el apoyo de más de 80 por ciento de la ciudadanía podría mermar sus posibilidades ante un electorado particularmente politizado y donde sus contrincantes internos no van a dejar pasar la oportunidad de estarlo recordando de manera frecuente.
En Zacatecas, donde el llamado “núcleo duro” de la izquierda ha sido decisivo para el triunfo de las fuerzas que integran la coalición gobernante, el voto contra la reforma podría ser leído como una contradicción con el mandato popular expresado en las urnas. No se trata sólo de una disputa legislativa en la capital del país, sino de una señal política que inevitablemente repercute en el terreno local: cuando una iniciativa orientada a reducir privilegios y costos del sistema electoral es bloqueada por aliados del proyecto transformador, el costo de la decisión no se limita al Congreso; también se traslada a la percepción ciudadana y a preguntarse ¿cómo avanzar en la transformación si los socios de este proyecto se resisten a renunciar a sus propios privilegios?
En cuanto a la reforma misma, es inevitable lamentar el fracaso de una pieza legislativa que forma parte del proyecto de nación respaldado por seis de cada diez ciudadanos en las urnas y que, de acuerdo con diversas encuestas, cuenta con el apoyo de más de 80 por ciento de los mexicanos. Los legisladores podrán inventar justificaciones para su voto en contra, pero difícilmente podrán ignorar que una amplia mayoría social rechaza que los limitados recursos del erario se destinen a las burocracias doradas de los organismos electorales y a las cúpulas partidistas, además de sostener un modelo donde la participación ciudadana a través de consultas públicas o plebiscitos se ve truncada.
De este modo, el rechazo a la reforma evidencia la persistencia de un sector mayoritario de la clase política – 5 de 6 partidos políticos – que sigue aferrado al reparto de cuotas de poder al margen de la voluntad popular, al uso de los cargos públicos como plataforma de negocios y a la defensa de privilegios antes que del interés general.
