El próximo 10 de abril del 2022, los mexicanos ejerceremos un nuevo derecho incorporado a nuestra Constitución. Iremos a las urnas, recibiremos una boleta que contiene dos preguntas: Primera: Que se revoque de inmediato el mandato del presidente AMLO por pérdida de confianza. Segunda: Que AMLO se mantenga en la Presidencia hasta cumplir su sexenio en el año 2024. Con ello daremos el primer paso en la vigencia de este nuevo derecho que, una vez que los marcos normativos de los estados sean homologados como lo ordena la propia Carta Magna, cambiará el comportamiento de los gobernantes que ejercen sus cargos de manera irresponsable.
En el fondo, la jornada del 10 de abril no implica escoger entre distintos candidatos, de lo que se trata es de decidir si un proyecto, la 4ª T, debe continuar aplicandose o no. Si la 4ª T no tiene apoyo mayoritario su lider, el presidente AMLO, debe dejar el cargo de inmediato para dar paso a un nuevo presidente. Por el contrario, quienes estén conformes con el desarrollo de la 4ª T votarán por la segunda opción y AMLO se mantendrá en el cargo de presidente.
Aquí salta de inmediato una pregunta: ¿Cuál es el contenido de la 4ª T? Una respuesta inmediata es que los discursos del Presidente en el Congreso de la Unión, sus dos más recientes libros y sus discursos en el zócalo de la ciudad de México, son buenas síntesis de ese contenido, aunque la extensión de una columna como El Péndulo debe tomar una síntesis menos extensa como la que ha elaborado Lorenzo Meyer, a saber:
“A partir del triunfo claro en la elección de 2018 de una oposición con un proyecto de izquierda moderado —coyuntura creada por las presiones de los inconformes con el status quo— llegó al poder un movimiento que se propuso poner en marcha un cambio ambicioso, pero sin radicalismos —post comunista— centrado en la reafirmación de la democracia política, el desmantelamiento del aparato corporativo priísta, el apoyo directo a grupos hasta entonces poco favorecidos, la austeridad de la clase dirigente, la recuperación del papel estratégico del sector público —especialmente en el sector energético— y el ataque a la corrupción. El designio (la 4ª T) no desechó sino incorporó un elemento clave del modelo anterior: el T-MEC, es decir, la integración económica con Estados Unidos”. A lo anterior hay que agregar, por su importancia, trato equitativo en el pago de impuestos y prohibición de su condonación, el fortalecimiento a las instituciones de salud, las reformas y políticas laborales, así como las de género, que han iniciado grandes cambios en la realidad mexicana, asuntos que el partido Morena ha asumido como prioritarios en el Poder Legislativo.
Si nos atenemos a lo que han venido informando los mayores partidos de oposición, no están interesados en participar en la consulta del mes próximo, mientras continúan preparándose para las elecciones de 2024, en las que se presentarán en coalición. Distintos personajes opositores del gobierno encabezado por AMLO han señalado que con esa decisión, la oposición pierde la oportunidad de presentar un proyecto integral alternativo y prefieren seguir concentrando su energía en una crítica implacable, sostenida y feroz, a los pequeños asuntos de las coyunturas. Ante esa definición, es pertinente decir que lo que está implícito en el discurso compartido de la derecha es, en esencia, un retorno a un “neoliberalismo a la mexicana”, es decir, la democracia liberal en lo político y el libre mercado en lo económico, así como la reconstrucción de las redes de corrupción.
En México la puesta en práctica de la propuesta neoliberal se hizo sin alterar los viejos elementos autoritarios y la corrupción endémica. El resultado no fue el ofrecido, sino un modesto crecimiento económico y la acentuación de los rasgos autoritarios y oligárquicos del régimen, más la expansión del crimen organizado ya existente, propiciado por la inexistencia de fronteras entre este y las autoridades, como lo demuestra el proceso que se le sigue en Nueva York a Genaro García Luna y a sus más importantes colaboradores en la Secretaría de Seguridad y en la Policía Federal, incluyendo al responsable de la labor de Inteligencia. Esa circunstancia obligó al nuevo gobierno encabezado por AMLO a partir de cero en la reconstrucción institucional, con la desaparición del Cisen y de la Policía Federal, y la creación de la Guardia Nacional. También se reformó la Constitución para que las fuerzas armadas puedan participar en tareas de seguridad pública, hasta en tanto las nuevas instituciones alcanzan su madurez.
La consulta para revocar o ratificar el mandato presidencial ocurrirá en momentos en que grupos opositores buscan desesperadamente apoyos en el extranjero, que debiliten a un gobernante que parece estár vacunado y tener los anticuerpos suficientes para destruir todos los virus tendientes a dañar su imagen de gobernante honesto y comprometido con los que menos tienen. Hay que dar seguimiento a esos desfiguros.
