Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, agrupados en el Comité Universitario, reiteramos nuestra solidaridad con las familias de los compañeros normalistas, en calidad de desaparecidos, de #Ayotzinapa.
Declaramos lo siguiente:
1.- Exigimos al Consejo Universitario de nuestra Máxima Casa de Estudios, presidido por el Rector Armando Silva Chairez, que emita una postura clara y contundente sobre los reprobables hechos de violencia perpetuados contra estudiantes normalistas de Guerrero.
2.- Exigimos a la 61 Legislatura del Congreso zacatecano y al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, que emitan declaraciones oficiales frente a los hechos de violencia ocurridos recientemente en el país, donde las violaciones a los derechos humanos han sido llevadas a cabo por autoridades de gobierno.
3.- La desaparición forzada de los 43 estudiantes, en la ciudad de Iguala, no es un hecho aislado, puesto que en los últimos años las muertes y desapariciones se han convertido en la macabra carta de presentación de nuestro país ante el mundo entero. Sabemos que este fenómeno tan complejo toca varias aristas y las causas son demasiadas, pero reconocemos a la corrupción como uno de los más fuertes motivos, que han orillado al país a esta situación de terror cotidiano e ingobernabilidad, puesto que en los tres niveles de gobierno la corrupción ha generado estrechos vínculos de nuestros gobernantes con el crimen organizado, por lo tanto es necesario que, en lo local, políticos y funcionarios nos aclaren actos de corrupción por parte de funcionarios públicos estatales y den cuentas sobre denuncias ciudadanas que señalan el enriquecimientos ilícito de éstos.
4.- Rechazamos la violencia generada por el Estado e instituciones privadas contra movimientos sociales y grupos comunitarios, que se atreven a luchar por sus derechos. En este tenor exigimos que se esclarezca el papel que juega el Gobierno Estatal en el caso de la comunidad de Salaverna y otros similares, en que las empresas mineras han actuado con la venia de autoridades para despojar a campesinos de sus tierras y contaminar indiscriminadamente el territorio de nuestra entidad.
5.- Rechazamos categóricamente la iniciativa llevada recientemente al congreso por el diputado Rafael Flores Mendoza, en que se intenta establecer en nuestro estado una “Ley mordaza”, violando así la libertad de expresión y derecho de los ciudadanos por denunciar y señalar públicamente a funcionarios públicos, que estén incurriendo en actos de corrupción o sencillamente estén incumpliendo las labores que la ciudadanía les confió.
6.- Exigimos el cese a la criminalización de la protesta social y de la militarización como una estrategia de Estado, que justifica los asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y violación a los derechos humanos. Rechazamos el condicionamiento y restricción de las manifestaciones públicas por el, recién entrado en vigor, Reglamento General de la Ley de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Repudiamos que en otros estados de la República se aprueben reglamentos y modificaciones a las leyes locales que tan solo infringen violencia contra la población, que está en su legítimo derecho de manifestarse por mejores condiciones de vida, tal es el caso de la “Ley bala” promulgada en Puebla, que a pesar de las modificaciones sufridas continúa siendo un impedimento y una declaratoria de intimidación contra los ciudadanos.
7.- Reconocemos en la lucha de las normales rurales la exigencia digna por mejorar las condiciones educativas del país, nos sumamos a la defensa por la educación pública y exhortamos a las autoridades estatales y federales a realmente comprometerse con las instituciones, que sorteando grandes dificultades brindan educación de calidad a los jóvenes y niños de México. En este sentido esperamos que los compromisos sean claros y los subsidios económicos, dirigidos a las escuelas públicas de todos los niveles, se vean reconfortados en pro del desarrollo social de nuestro país.
8.- Exhortamos a las instituciones a mejorar las condiciones de vida de la juventud mexicana, puesto que la violencia es un daño colateral de las grandes carencias en que vive la gran mayoría de la población en nuestro país, sabemos que quienes engrosan las filas del crimen organizado son adolescentes y jóvenes carentes de oportunidades y un futuro digno. Por lo tanto exigimos que las autoridades de todos los niveles no firmen ya más pactos ni acuerdos, sino que elaboren nuevos compromisos con las universidades públicas y Normales de todo el país, en lugar de seguir con la tendencia reduccionista del presupuesto.
9.- Pedimos seriedad en las investigaciones de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Exigimos a las autoridades correspondientes la presentación con vida de los estudiantes, y avances concretos –no mediáticos- sobre el proceso de búsqueda, así como respeto pleno a las familias de los compañeros desaparecidos.
10.- Exhortamos así mismo a cualquier autoridad, cuya capacidad y competencia sea puesta en duda o esté claramente rebasada por la situación, abandonar su cargo. En este tenor nos sumamos a la exigencia popular de que el presidente Enrique Peña Nieto tome con seriedad y responsabilidad los acontecimientos ocurridos en Guerrero y demandamos una auditoria que esclarezca el origen de bienes y servicios adquiridos por el presidente y su familia en los últimos años, de otra manera la Carta Magna estaría respaldando cualquier exigencia de renuncia o separación del cargo el actual jefe del Ejecutivo.
11.- De igual manera le pedimos congruencia a las autoridades federales en la postura asumida con nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa y la FECSM, puesto que frente a los medios de comunicación han mostrado una actitud conciliadora, mientras que a los estudiantes les han cancelado temporalmente el, ya de por sí raquítico, subsidio de alimentación, con el cual los normalistas se mantienen diariamente.
12.- Rechazamos cualquier intento por desarticular el movimiento estudiantil y social emanado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, puesto que consideramos que este hecho sólo viene a desenmascarar una serie de prácticas reprobables por funcionarios públicos en sus tres niveles de gobierno; como los nexos con el narcotráfico, la política de terror promovida por el Estado y los medios de comunicación a su servicio, el ataque frontal a la educación pública y sus principales defensores, la corrupción y el claro enriquecimiento de gobernantes a costa de la pobreza del pueblo mexicano, la impunidad y paraísos fiscales en que holgadamente viven políticos y funcionarios de todos los estados de la República, así como la violencia de Estado ejercida hipócritamente –en lo oscurito- contra quienes abiertamente se han atrevido a cuestionar y criticar a los “servidores públicos” de la nación.
13.- Nos pronunciamos en contra del sistema partidocrático nacional, que directa e indirectamente es responsable de la situación de crisis por la que atraviesa actualmente nuestro país, en que la ola de violencia y terror ha permeado en todos los sectores sociales de la población. Responsabilizamos al Estado mexicano por los más de 13 mil homicidios dolosos y los más de 8 mil desaparecidos, cuyas cifras son tan solo las de la administración de Enrique Peña Nieto. Denunciamos que no solamente son los 43 normalistas desaparecidos, sino que todo México está cimbrado de víctimas de la violencia Narco-estatal por lo que decimos ¡Ya basta! ■
Zacatecas, Zac. 12 de noviembre de 2014
