Aquello que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron incapaces de demostrar en el Poder Judicial de la Federación, ocurría en una de las instituciones militares clave de la administración pública: nepotismo, tráfico de influencias y corrupción en los altos mandos y niveles de la Secretaría de MARINA como también en el Ejército de cuyos integrantes el ex presidente López Obrados decía que eran pueblo y los denominaba “pueblo uniformado”.
Ambas instituciones están integradas por personas que buscan beneficios sin mayores limitantes, pues entre mayor sea el grado de problemático como la que actualmente vive el país gracias a los gobiernos morenistas, mayor será el aprovechamiento para la satisfacción de sus propios intereses: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Por eso, es insensato seguir pensando que las Fuerzas Armadas o cualquier partido político son honorables por naturaleza.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió terminar con el sistema de controles ciudadanos, que se estaba construyendo para acabar con la corrupción. En cambio, al Ejército y la Marina los puso al frente de tareas donde típicamente se ha hecho presente el patrimonialismo, como las aduanas, puertos, aeropuertos y las obras de infraestructura. La premisa era que las Fuerzas Armadas no se iban a corromper; pero las personas se corrompen cuando se les deja actuar con absoluta discrecionalidad en el manejo de grandes cantidades de dinero. Eso fue justamente lo que sucedió, porque tanto los militares como los de la MARINA, no están preparados para realizar tareas que deben estar a cargo de civiles. ¿Qué se debe hacer ahora? Establecer controles para erradicar y limitar la corrupción.
Durante los dos últimos dos años en el Puerto de Altamira (Golfo de México), 31 buques con disel documentados como otra sustancia, fueron introducidos al país de manera clandestina. La operación cesó con el decomiso de un buque tanque cargado con 10 millones de litros de combustible el 31 del pasado marzo. Lo mismo pasaba por el lado del Pacífico en Baja California, donde en un predio entre Rosarito y Ensenada, fueron asegurados 8 millones de litros de hidrocarburo clandestino del que se presumió que haya sido sobornado por Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de MARINA en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Resulta extraño, o por lo menos sospechoso que en medio de este problema, dos marinos al parecer involucrados en estas actividades “murieron”: el Capitán de la MARINA, Abraham Jeremías Pérez Ramírez se “suicidó”. El Capitán Adrián Omar del Ángel “falleció” “durante un ejercicio de tiro real”.
La red de corrupción descubierta en marzo, en el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas, rompió el carácter incorruptible de la MARINA, que durante muchos años fue la única institución altamente confiable en México y en Estados Unidos, en el combate al crimen organizado.
Funcionarios federales han informado que sólo en ese Puerto, hay 20 oficiales presuntamente involucrados en las diversas áreas de estructura de mando que incluye posiciones en los aeropuertos administrados por la MARINA, así como en las terminales terrestres y marítimas, que controlan los sobrinos almirante Ojeda, quienes están en el centro de la red de corrupción.
Desde que AMLO puso al Ejército a construir sus obras emblemáticas y a la MARINA a administrar puertos y aduanas, colocó a los militares un sendero de corrupción, que como se ve, “la banda de los sobrinos” se convirtió en “autopista”.
No se sabe si la presidenta Sheinbaum, tiene conocimiento pleno de lo realidad que vive el país; o, si le informan mal, como ella refiere de Trump, o, verdaderamente no le interesa la situación de México.
Ufana, en su primer informe de gobierno el 1 del actual septiembre afirmó:
- “Hoy puedo informar que la corrupción se ha reducido en un 94%. Si me piden expresar en una frase cuál ha sido la estrategia de este gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad. Nos tocó decir ¡basta! Hemos podido eliminar prácticamente esa actividad delictiva. Tenemos que aplicar la ley por parejo. Ni huachicol arriba, ni huachicol abajo”.
Este asunto merece solución. No es válido que la presidenta en sus mañaneras, se exprese como es su costumbre para evadir y minimizar los grandísimos problemas que existen en el país.
“Es un asunto de la Fiscalía”. “Si tienen pruebas, preséntelas para hacer la investigación”. “No están involucrados”. “Son personas íntegras, tienen todo nuestro apoyo, nuestro respaldo”. “Es una institución incorruptible”. “Viene el equipo de seguridad a informar”. “Rosa Icela tiene toda la información”. “El fiscal viene a explicar”, “La oposición y los comentócratas, no dijeron nada cuando Felipe Calderón… ”.”ya no te voy a contestar”.
Hay marinos asesinados que, de no hacerse una correcta investigación, deja la posibilidad para imaginar que realmente estarían involucrados.
Tampoco estos actos de nepotismo, corrupción e impunidad, deben quedar en el círculo de los sobrinos…
López Obrador decía que: ningún acto de corrupción de funcionarios y servidores públicos en el gobierno, se realiza sin el consentimiento del presidente…
¿Entonces?
