Con la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, el país recupera la rectoría del sector eléctrico y avanza a pasos agigantados a la soberanía energética en gasolinas, diésel y electricidad, no obstante a las resistencias de los partidos políticos de oposición, y de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, acostumbradas a realizar grandes negocios con el gobierno a costillas del pueblo, a través del tráfico de influencias, condonaciones de impuestos, corrupción y privatizaciones, impulsadas desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y de manera acentuada en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Ejemplo de ello fue la reforma energética presentada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue desechada al no obtener mayoría calificada por el voto en contra de las y los diputados de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC; reforma que tenía como propósito fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta generara el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hicieran en un 46%, ya que con la reforma eléctrica de 2013, de Peña Nieto, se favoreció a los privados, quienes se apoderaron del 62% de la generación de energía, mientras la CFE participa solo con un 38%. Sin duda, la dominancia de los monopolios privados atenta contra la seguridad energética y la seguridad nacional.
Hay que dejar claro que, el crecimiento exponencial de las empresas privadas en el sector eléctrico nacional en detrimento de la CFE, se debió a que, con la reforma de Peña Nieto, se favoreció a los privados con el despacho prioritario y con pagos simbólicos de “porteo” para inyectar su energía en las redes de transmisión de la CFE y ésta debía comprar su energía a precios altos mediante contratos a 25 años; además recibían subsidios, estímulos y financiamiento a tasas preferenciales por la Banca de Desarrollo de México. De igual manera, en la modalidad de autoabastecimiento, se cayó en la ilegalidad al crear un mercado paralelo de electricidad con socios simulados y sin pagar impuestos.
A pesar de todas estas atrocidades, las y los diputados de oposición, a la hora de votar la reforma eléctrica, privilegiaron sus intereses político-partidistas y los económicos de las grandes empresas privadas extranjeras como Iberdrola, quien por obra da la “casualidad”, contrató como asesores al expresidente Felipe Calderón, y a la entonces su secretaria de Energía, Georgina Kessel, quienes tenían “información privilegiada” del sector eléctrico nacional.
En temas torales, Andrés Manuel López Obrador siempre tiene un plan A, un B y un C, y a sabiendas que los partidos de oposición no aprobarían de facto ninguna reforma a la Constitución, con anterioridad presentó reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual se aprobó en el Congreso en marzo de 2021, misma que fue objetada de inconstitucional por los senadores del PAN. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, quedando con ello salvaguardados los principales objetivos de la reforma eléctrica, lo que constituyó un duro revés para el bloque opositor, al declararse que la LIE no vulnera tratados internacionales, el derecho al medio ambiente ni genera desequilibrio en el sector eléctrico en perjuicio de empresas privadas o en las tarifas que pagan los usuarios.
Quedó entonces intacta la preponderancia de la CFE para la producción y comercialización de la energía eléctrica por encima de los privados y se avalan los supuestos de revocación de permisos y revisión de los contratos a empresas privadas productoras de energía, contenidos en la LIE, y los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, emitidos por la Secretaría de Energía.
Bajo este contexto de la política energética y regulatoria nacional, que terminó con los privilegios antes referidos a los privados, la empresa trasnacional Iberdrola, quien fuera la más reacia a la reforma energética, optó por vender al gobierno de México 13 plantas de generación eléctrica que representa el 75% de su potencia instalada en el país. Con la compra de estas 13 plantas de generación eléctrica, el Estado mexicano, a través de la CFE, retoma la rectoría del sector eléctrico nacional perdida en sexenios pasados, al aumentar su capacidad de generación de energía, de un 39% actual a un 55% que, aunado a la construcción, rehabilitación y modernización de hidroeléctricas y termoeléctricas, se incrementará a un 65%, en 2024.
La recuperación de la dominancia de la CFE sobre el sector privado representa avanzar en la soberanía energética, al no depender de empresas extranjeras y nacionales en la generación y abasto de energía eléctrica, y no caer en experiencias amargas de otros países como España, donde Iberdrola controla el sector eléctrico con tarifas muy altas para los usuarios. Representa garantizar a la población tarifas justas sin incrementos en términos reales para 46.2 millones de familias.
Como siempre, la oposición y algunos medios nacionales y comentaristas iracundos escamotean los logros del segundo mejor presidente del mundo; distorsionan la información a través de pseudoexpertos, diciendo que las centrales eléctricas adquiridas son viejas, son chatarra -lo cual es falso, su vida útil en promedio es de 18 años, con un potencial de 10 años más, que es una mala inversión, que se está endeudando al país –falso- con obras faraónicas como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya; así dijeron de la adquisición de la refinería Deer Park en Texas, y vaya sorpresa, resulta que su inversión se recuperó al 100% en su primer año de operaciones y está generando ganancias importantes. Lo cierto es que como lo dijo Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador está logrando lo que sus antecesores no hicieron, la soberanía energética y las obras estratégicas para el desarrollo del país, por lo que la 4T debe profundizarse.
