El Colectivo Plural en Defensa del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) opinó que el anuncio del secretario general, José Juan Martínez Pardo, de abrir un plazo para que las delegaciones emitan posturas sobre su destitución o permanencia en el cargo, es arbitrario puesto que los Estatutos no establecen ese mecanismo de participación.
“Abrir un periodo para atender peticiones es una arbitrariedad, los Estatutos son bastante claros como para que entienda lo que debe acatar como ejecutivo de aquello que dictamine el gremio, así como el modo y el tiempo para hacerlo. No existe otra petición más que aquella que las diversas y numerosas delegaciones han hecho, no existe una sola delegación que haya manifestado objeción a esta petición ni mucho menos que apoye su continuidad en el cargo. Por lo tanto, lo consecuente es que atienda de manera inmediata las únicas peticiones existentes, cualquier otra opción tiene la única intención de dilatar y disipar este movimiento, esto último no va a suceder.”, expresó el bloque de docentes.
Asimismo, mencionaron que el secretario general aseguró que atendería las peticiones de las delegaciones que forman parte del movimiento, pero “la petición es una, que deje el cargo. Esta petición tiene dos vías posibles para ser atendidas en el marco de la legalidad, la primera es su renuncia voluntaria, petición que ha sido desatendida en numerosas ocasiones. La segunda es la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para discutir y definir en consecuencia su continuidad como secretario general”.
En ese sentido, señalaron que en una primera ocasión rompió el acuerdo legalmente asumido de convocarla para el 2 de marzo y la segunda ocasión desacató su obligación de convocar con una violación a los Estatutos cuando más de tres delegaciones (número suficiente para convocar, no sesenta y cuatro como él espera) legalmente se lo solicitaron para el 10 de marzo.
Asimismo, señalaron que “el todavía secretario general no tiene autoridad sobre la base de las facultades que le otorga su cargo ni mucho menos de la integridad moral, para verificar la legalidad de absolutamente nada. La legalidad la determinan los Estatutos y el órgano de gobierno que tiene las mayores facultades en el sindicato, la Asamblea General. Este movimiento lucha por recobrar la legalidad y la ética en el sindicato, misma que ha sido sistemáticamente violentada por él”.
También refirieron que Martínez Pardo se comprometió a mejorar las condiciones laborales del gremio, pero “los hechos hacen polvo su discurso, toda vez que suplantó la voluntad de los sindicalizados y las sindicalizadas conjurando un emplazamiento a huelga, aceptando con su firma un ofrecimiento que claramente precariza nuestra labor y violenta nuestra contratación colectiva”.
Ante esa situación, el colectivo de delegaciones, representante de los sindicalizados y sindicalizadas, manifestaron su lealtad a los únicos intereses con los que tienen compromiso: “los derechos laborales expresados en el Contrato Colectivo, la legalidad plasmada en nuestros Estatutos, la ética y la dignidad”.
