«La crisis en la procuración de justicia es un hecho innegable que conlleva además a una grave pérdida de credibilidad social en el Ministerio Público, institución que por su naturaleza debe permear confianza en la ciudadanía”.
Así lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas. Esta grave pérdida de credibilidad social en nuestro Ministerio Público, se ha confirmado una vez más, dado el error garrafal de nuestro Procurador de Justicia Lic. Arturo Nahle García, al dar carpetazo, de manera precipitada, a las denuncias que recibió de parte del Partido de la Revolución Democrática y del Colectivo Estudiantil #YoSoy132, en contra de los ex diputados de la 60 Legislatura y funcionarios públicos de Gobierno del Estado, por los hechos contenidos en el audio “Corrupción en Zacatecas”, al haber declarado: “No encontramos que les hayan dado dinero indebido a cambio de un voto”, por lo que “Concluye por falta de pruebas investigación por corrupción de los 30 ex diputados locales” (excluye a los dos funcionarios de Gobierno del Estado también involucrados); por ello: “El expediente se ha archivado y sólo podrá resurgir la investigación si los denunciantes presentaran más elementos de prueba; porque quien acusa está obligado a probar aquí y en China”.
Con respecto a estas últimas palabras del procurador nos surge la siguiente interrogante: ¿Por qué, para el Ministerio Público federal, según el artículo 102 Constitucional, a éste sí le “corresponde buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados” y, de acuerdo al criterio del procurador, al Ministerio Público local no; tratándose de delitos del fuero común que son de su responsabilidad?
Lo anterior no logramos entender; cuando la Ley antes enunciada establece que, ante los Órganos Jurisdiccionales, el Ministerio Público local está obligado a “aportar las pruebas y promover las Diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito”.
Otra interrogante: La Procuraduría del estado, como perseguidora de los delitos, ¿Investigó a profundidad todos los actos cometidos en torno a los hechos denunciados; realizó inspecciones oculares e interrogatorios a los inculpados; declaró a éstos y les permitió ampliar sus declaraciones; recibió y desahogó pruebas testimoniales, documentales, periciales e instrumentales; reconstruyó hechos; razonó y expidió notificaciones; analizó todos los medios a su alcance para investigar e integrar debidamente la Averiguación Previa en la búsqueda de la verdad jurídica? Ojalá el Lic. Arturo Nahle García tenga la amabilidad de disiparnos todas estas dudas.
Lo anterior en razón de que nos hemos enterado a través de los medios, que nuestro Ministerio Público se limitó únicamente a pedir información del caso a la SFP, a los funcionarios de Gobierno del Estado involucrados y a los ex diputados, a quienes por cierto no se les han investigado sus Estados de Cuenta; situación que permitiría conocer si hubo algún cheque de 100 mil pesos abonado a sus cuentas y sobre todo, quién lo giró; tampoco se les realizó ninguna prueba pericial de fonética, para lograr, a través de esta técnica, el reconocimiento de su voz gravada en dicho audio; por lo que, en el caso de que nuestro Ministerio Público local no cuente con dicho adelanto técnico, nos surge la siguiente interrogante:
Con la finalidad de lograr la verdad jurídica de éste fétido caso, ¿no se le ocurrió al Lic. Arturo Nahle García, solicitar a la PGR atrajera el caso, por considerarlo bastante complicado para su Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, en razón de que dicha Institución Federal cuenta con un “Sistema Biométrico que permite el reconocimiento de la voz de manera automática, en base a las características acústicas de las personas a partir del sonido de su voz”?
Por todos estos acontecimientos, la ciudadanía zacatecana, con justa razón, se encuentra ¡Hasta la madre de indignada por tanta corrupción e impunidad en nuestro estado!, razón por la cual en nuestra entidad “resulta apremiante la creación de un Tribunal de Cuentas o de un Órgano Constitucional Autónomo, con las facultades de Ministerio Público; con máxima independencia de los tres Poderes de la Unión; con autonomía técnica y funcional para ejercer la acción penal donde encuentre presuntos delitos en el ejercicio de los recursos públicos”. Pensamiento del Constitucionalista Lic. Jorge Carpizo Mac-Gregor, investigador emérito de la UNAM ya desaparecido.
Estos sucesos en torno al audio, manoseo a la hacienda pública y haberse llevado los recursos de las Herramientas Legislativas, nos confirma la presunción que en su momento tuvimos, al serle rechazada al gobernador Miguel Alonso Reyes su iniciativa para crear en el estado un Tribunal de Cuentas: “Que estos deshonestos ex diputados, ya traían en mente saquear las arcas del Congreso del estado, situación que hoy hemos confirmado; por lo que, si aprobaban tal Iniciativa, serían llamados a rendir cuentas de sus actos, y en esa virtud en estos momentos, los que hubiesen resultado con delito, ya estarían en la cárcel.
Al respecto el Lic. Aquiles González Navarro opinó lo siguiente: “La preocupación de algunos diputados, es que las Cuentas Públicas del estado y de los municipios ya no serían aprobados por éstos”. ¿Existirá alguna razón para preocuparse por ello? ■
