En conferencia de prensa, Jorge Miranda Castro y miembros de la anterior administración rechazaron las acusaciones de Miguel Varela Pinedo, calificándolas como una «cortina de humo» destinada a desviar la atención de los incumplimientos de la actual administración. Aclararon que la auditoría mencionada carece de base legal y extemporánea. Además, destacaron el cumplimiento legal del proceso de entrega-recepción y la solidez financiera del municipio, mientras que criticaron la propuesta fiscal de Varela, acusándolo de adoptar una política neoliberal.
Jorge Miranda Castro explicó que el problema de la ciudad no se debe a su gestión, sino a una imposibilidad financiera que afecta el cumplimiento de promesas de campaña de Varela Pinedo, como la tarjeta rosa, becas de transporte, y medicinas gratuitas. Afirmó que el tema de la «cortina de humo» es una táctica para evitar asumir responsabilidades por la falta de resultados.
También criticó la iniciativa del aumento de impuestos presentada por Varela Pinedo, argumentando que, en lugar de buscar soluciones para los problemas reales de la ciudad, la administración actual está priorizando intereses políticos. Además, subrayó que todas las acciones y decisiones de la administración 2021-2024 fueron aprobadas por unanimidad y que los regidores actuales apoyaron esas decisiones.
Afirmó que la auditoría mencionada carece de base legal, ya que es extemporánea y no vinculante. Además, destacó que se desconocía la empresa encargada de realizar la auditoría externa citada por Varela Pinedo.
Llamo a la calma y al respeto, rechazando las imputaciones como parte de un «golpeteo político», sin pruebas ni documentos que las respalden. En cuanto al futuro, sugirió que Varela Pinedo podría estar buscando posicionarse para futuras elecciones, como la gubernatura de 2027, lo que explicaría su actitud confrontativa.
En cuanto al proceso de entrega-recepción, María Magdalena Beltrán Vázquez defendió que este se realizó conforme a la ley. Refutó las acusaciones de Varela Pinedo, quien había sostenido que el proceso no se llevó a cabo correctamente o en los tiempos establecidos. Explicó que, según la ley, la entrega-recepción debe realizarse entre el 14 y 15 de septiembre, y aunque el proceso comenzó unas horas más tarde debido a un juicio pendiente, este se cumplió en su totalidad.
Además, detalló que, una vez concluido el acto protocolario, el nuevo gobierno tenía 45 días hábiles para realizar observaciones, plazo que venció el 19 de noviembre de 2024 y no hubo una manifestación por escrito para aplazar la fecha.
“El órgano interno de control no cuenta hasta el día de hoy con estos documentos ni mucho menos la administración saliente como debe ser, fue notificada en tiempo y forma si fue solicitada una prórroga con el acta administrativa tampoco la auditoría del estado le fue hecho de su conocimiento dicho acta” dijo.
Por su parte, Álvaro Puente Rubalcaba abordó el cumplimiento de las obligaciones financieras del municipio, destacando que la administración saliente ha cumplido cabalmente con diversas responsabilidades fiscales y financieras. En primer lugar, subrayó que, según un documento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitido el 9 de septiembre de 2024, no existe deuda alguna por concepto de alumbrado público, sino un saldo a favor. Además, mencionó que el municipio no tiene adeudos fiscales, pues el 3 de septiembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un documento confirmando el cumplimiento de los impuestos.
Respecto a la nómina, indicó que los pagos a los trabajadores se realizaron con antelación, incluso el 7 de septiembre, pagando los salarios correspondientes al último día de la administración 2021-2024. También destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una opinión de cumplimiento el 4 de septiembre, confirmando que no hay adeudos en materia de seguridad social.
En cuanto a la deuda pública, Puente Rubalcaba aseguró que, aunque no era necesario contratar más deuda, la administración saliente pagó a tiempo dos adeudos que datan de 2014, uno con Banobras y otro con Banorte. Ambos documentos, emitidos por las respectivas instituciones, certifican que no existen atrasos ni adeudos pendientes con estas entidades.
Ruth Calderón Babun aclaró que no ha recibido notificación alguna de algún órgano fiscalizador ni solicitud de pruebas judiciales, por lo que consideró preocupante que se hagan acusaciones sin fundamento. Resaltó que siempre se ha conducido dentro del marco legal y como funcionaria fue responsable y respetuosa de las leyes. Afirmó que no ha sido justificada ninguna acusación en su contra y reafirmó su presencia para respaldar a los exfuncionarios y exalcalde, pidiendo que se respeten los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso.
Por su parte, Santos Antonio González, criticó la propuesta de ley de ingresos del alcalde, calificando su gobierno como uno de improvisación y simulación. Aseguró que la propuesta sigue una política neoliberal que prioriza los intereses políticos sobre las necesidades del pueblo. Detalló que la ley de ingresos plantea eliminar subsidios a quienes no paguen el impuesto predial a partir del primer trimestre, reducir los apoyos a multas y recargos, y aumentar varios impuestos y derechos, lo que afectaría negativamente a los zacatecanos sin mejorar los servicios.
Resaltó la falta de compromiso con el bienestar de la capital y acusó al alcalde de anteponer intereses políticos por encima de las necesidades de la ciudadanía. González concluyó reconociendo el compromiso de la administración saliente con la disciplina financiera y el bienestar de los zacatecanos, advirtiendo que desde el Congreso se exigirá el cumplimiento de las promesas de campaña y se frenará la política neoliberal.
