La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó la línea limítrofe entre los estados de Chiapas y Oaxaca, cuya disputa por el territorio de los Chimalapas ocasionó incluso conflictos armados entre las poblaciones de ambas entidades.
Por mayoría de diez votos, el Pleno de Ministros aprobó el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, donde se señala que la línea divisoria entre ambas entidades “iniciará en la barra de Tonalá, a los 16° de latitud norte en dirección noroeste hasta el cerro de Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo noreste hasta el cerro de los Martínez”.
Esto implica que el municipio de Belisario Domínguez, creado unilateralmente por el gobierno de Chiapas en 2011, con una superficie de 84 mil hectáreas, se encuentra en realidad en territorio de Oaxaca.
Para llegar a esta conclusión, el ministro Franco partió de un estudio histórico, que inició desde un tratado de límites firmado en 1549 entre la entonces Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, hasta peritajes geográficos y topológicos, pasando por consultas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de análisis jurídicos de las constituciones y leyes de ambos estados, y de entidades vecinas como Veracruz y Tabasco.
La SCJN comenzó a votar algunos efectos de su sentencia, que incluyen dictara un plazo de 30 meses para que Chiapas y Oaxaca modifiquen sus constituciones y leyes estatales, reconociendo los límites fijados por el máximo tribunal.
Los ministros admitieron que esta resolución no podrá por si misma zanjar un conflicto que tiene más de medio siglo, por lo que emplazaron a ambos gobiernos para que realicen consultas entre las comunidades y pueblos indígenas de la zona de Los Chimalapas, para que aporten su opinión sobre la resolución de las disputas existentes entre estas comunidades.
Y es que se advirtió que la nueva línea divisoria atraviesa varios centros de población, por lo que será necesario establecer en cada caso a cuál entidad le corresponde atender a cada uno de estos asentamientos humanos.
Se estableció por ello que la transferencia de las responsabilidades administrativas en los centros de población que ahora se ubicarán en el territorio de Oaxaca, sea gradual para garantizar que los servicios públicos no se interrumpan.
En su sesión del próximo martes, la SCJN continuará resolviendo sobre los efectos de su sentencia.
